El Tribunal Constitucional se enfrenta en la jornada de este martes 8 de octubre a uno de sus días más complicados en los últimos tiempos. El Pleno del TC tendrá debatir las más 50 recusaciones contra miembros de la corte para intentar apartarlos de las deliberaciones sobre la Ley de Amnistía. Este asunto es uno de los que más fricciones generan entre los bloques conservador y progresista, pero también dentro de este último.
Ocho de los 12 magistrados formarán el pleno, cuatro progresistas y cuatro conservadores. Entre otras cuestiones debatirán sobre en la recusación del Partido Popular Cándido Conde-Pumpido.
La ausencia de cuatro de los 12 magistrados tiene la explicación en que el propio Conde-Pumpido pidió a la magistrada progresista Laura Díaz, así como al conservador José María Macías que se abstuvieran de participar en el debate sobre la recusación contra él. ¿El motivo? Ellos también están recusados por la Amnistía.
Así las cosas, hay un evidente empate a cuatro por que la será la Vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, que rompa el posible empate. Montalbán es también progresista. Algo que, a priori, beneficia a Cándido Conde-Pumpido.
El sector conservador a hecho saber su malestar ante esta forma de formar el pleno. No se han manifestado públicamente, pero han dejado sentir su pesar por estas decisiones.
José María Macías sí remitió un escrito a Conde-Pumpido, Macías le pidió no fraccionar la deliberación sobre las recusaciones con el objetivo de que el resultado sea lo más objetivo posible. Sin embargo, fuentes cercanas al presidente del TC aseguran que, el pasado 24 de septiembre, el bloque conservador pidió que el pleno se organizara de esta forma exactamente.
EL PAPEL DE CAMPO
Otro de los magistrados recusados es José Carlos Campo, exministro de Justicia. Sin embargo, Campo se adelantó y él mismo pidió inhibirse en cuanto a la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía presentada por el Tribunal Supremo.
La decisión de Campo llega en un contexto concreto marcado por la separación del que fuera ministro de algunas tesis y planteamientos del Gobierno de Pedro Sánchez.
Campo fue nombrado el 29 de noviembre de 2022 magistrado del Tribunal Constitucional. También fue nombrada magistrada Laura Díaz, que fuera una de las ‘fontaneras’ de La Moncloa. Ejerció como Directora General de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y antes había ocupado el puesto de Directora del Gabinete del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Estos nombramientos son los dos que le correspondían al Gobierno por Ley, aunque tradicionalmente se esperaba a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designara a los otros dos que completan el tercio de cuatro magistrados pendiente de renovación. En esa ocasión, desde el Ejecutivo ya se había anunciado que no había intención de esperar a que ‘moviera ficha’ el órgano de gobierno de los jueces.
Campo salió del Gobierno en julio de 2021 ya con importantes peleas internas por la conocida como ‘Ley del Sí es Sí’ de Irene Montero. Un enfrentamiento en el que el entonces titular de Justicia se alineó con Carmen Calvo en contra de la entonces titular de Igualdad.
Campo pasó a unirse al club de caídos en desgracia del ‘sanchismo’ del que también forma parte su actual pareja Maritxell Batet, que fuera hasta hace poco presidenta del Congreso de los Diputados, tercera autoridad del Estado.
Campo es de ese club de miembros de la judicatura que siendo progresistas son críticos con cierta deriva del Gobierno. Un grupo al que pertenece también Isabel Perelló, flamante nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en detrimento de la otra candidata progresista, Ana Ferrer que no era del gusto de Margarita Robles, ministra de Defensa, pero sí de Pedro Sánchez. Tal y como contamos en MONCLOA.
LAS FIANZAS DEL ‘PROCÉS’
Esta semana, el Constitucional también decidirá sobre el recurso de Vox contra el decreto-ley por el que en 2021 el Gobierno catalán creó un Fondo Complementario de Riesgos para cubrir las fianzas exigidas por el Tribunal de Cuentas a los líderes del ‘procés’.
Según las fuentes consultadas, la ponencia redactada por el magistrado conservador César Tolosa propone declararlo inconstitucional, si bien lo más probable es que la mayoría progresista del Pleno abogue por avalar el fondo regional, aduciendo cuestiones de forma.
El TCu pidió a los líderes independentistas una fianza de 2,1 millones de euros que avaló el Fondo Complementario de Riesgos a través del Instituto Catalán de Fianzas (ICF), en el marco del procedimiento contable por los gastos del 1-O y la acción exterior, hoy suspendido por la amnistía.
Este procedimiento afectaba a 35 ex altos cargos catalanes, entre ellos los ex presidentes Carles Puigdemont y Artur Mas y el ex vicepresidente Oriol Junqueras, que fueron juzgados en noviembre del año pasado.
