El Tribunal Constitucional (TC) se prepara para un Pleno decisivo que dará comienzo el próximo martes. En él se abordarán temas de gran calce político y jurídico, como las recusaciones presentadas contra varios magistrados en relación con la ley de amnistía, el recurso contra el fondo catalán para las fianzas del ‘procés’ y el protocolo canario sobre menores migrantes. La división entre el bloque progresista y el conservador del TC se agudiza ante estos asuntos, que prometen marcar la agenda política de las próximas semanas.
Recusaciones y la ley de amnistía
El debate sobre la ley de amnistía se inicia en un contexto marcado por la presentación de más de 50 recusaciones contra miembros del TC. Estas recusaciones, dirigidas a impedir la participación de ciertos magistrados en las deliberaciones, ponen de manifiesto la polarización existente en torno a esta controvertida ley.
El Partido Popular (PP) ha recusado al presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, en el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la ley de amnistía. A su vez, tanto Conde-Pumpido como otros magistrados, entre ellos Laura Díez y José María Macías, han sido objeto de recusaciones en este mismo asunto.
Un Pleno reducido, compuesto por ocho magistrados (cuatro progresistas y cuatro conservadores), se encargará de dirimir la recusación contra Conde-Pumpido. La vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, ostenta el voto de calidad, lo que previsiblemente inclinará la balanza hacia el rechazo de la recusación.
La decisión de Conde-Pumpido de resolver las recusaciones por separado, en lugar de hacerlo de forma conjunta, ha generado malestar en el sector conservador. Argumentan que este procedimiento podría alterar el equilibrio en la toma de decisiones y beneficiar al bloque progresista. El magistrado Macías, por ejemplo, ha solicitado que se resuelvan todas las recusaciones conjuntamente para garantizar un resultado «neutro».
Esta situación ha reabierto el debate sobre el precedente establecido con las abstenciones del magistrado Juan Carlos Campo, quien se apartó voluntariamente de las deliberaciones sobre la ley de amnistía. Mientras algunos defienden la aplicación de este criterio a todas las recusaciones, otros argumentan que el procedimiento actual se ajusta a lo acordado en un Pleno anterior.
La acumulación o individualización de las recusaciones no solo influye en el equilibrio de poder dentro del TC, sino que también afecta al ritmo de tramitación de la ley de amnistía. La individualización de las recusaciones previsiblemente dilatará los procedimientos, aunque el TC confía en dictar sentencia en un plazo de seis meses a un año.
Fianzas del procés y protocolo canario
El Pleno del TC también abordará otros dos asuntos de gran relevancia: el recurso de Vox contra el fondo catalán para las fianzas del ‘procés’ y el recurso del Gobierno central contra el protocolo canario sobre menores migrantes.
En el caso del fondo catalán, la ponencia del magistrado César Tolosa propone declararlo inconstitucional. Sin embargo, es probable que la mayoría progresista del Pleno se incline por avalarlo, argumentando cuestiones de forma. Este fondo, creado por el Gobierno catalán en 2021, cubrió las fianzas exigidas por el Tribunal de Cuentas a los líderes del ‘procés’ por los gastos del 1-O y la acción exterior.
Respecto al protocolo canario sobre menores migrantes, el TC estudiará la admisibilidad del recurso presentado por el Gobierno central. Este protocolo, actualmente suspendido cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, establece procedimientos específicos para la recepción de menores extranjeros no acompañados en las islas. El Gobierno central alega un conflicto de competencias, argumentando que el protocolo introduce requisitos no previstos en la normativa estatal.
