La Fiscalía Anticorrupción de la Comunidad Autónoma de Mallorca ha presentado ya su escrito de acusación contra 13 personas en el Caso Puertos, entre ellas seis altos cargos de Puertos de Baleares o Autoridad Portuaria de Baleares (APB) con su expresidente Joan Gual de Torrella a la cabeza y Rafael Ruiz, alcalde de Ibiza y vocal del consejo de administración de la APB, por la adjudicación de la concesión del Puerto de Ibiza a la sociedad Club Náutico de Ibiza y de amarres en Mahón a la empresa Marina Asmen.
La Fiscalía presentó este escrito ante el juzgado número 3 de Palma de Mallorca y acusa de prevaricación administrativa y fraude a la administración a seis de los principales acusados y de cooperadores necesarios a la mayor parte de ellos.
A Joan Gual de Torrella el fiscal lo acusa de prevaricación y fraude y cooperador en el delito de cohecho y pide nueve años de cárcel. Para el exalcalde socialista de Ibiza, Rafael Ruiz, pide 3 años de cárcel e inhabilitación para cargo público durante 15 años, al igual que para el exvicepresidente de la APB, Miguel Puigserver Lloberas. El Ministerio Público pide también cuatro años de prisión por cooperación necesaria en la prevaricación para el que fuera director de la APB, Juan Carlos Plaza; el jefe de explotación, Armando Parada; el exjefe del área de gestión, Fernando Berenguer, y la abogada del Estado, Dolores Ripoll.
Igualmente, el representante del Ministerio Público considera al presidente del Club Náutico de Ibiza, Juan Marí, autor de un delito de fraude y cooperador en el de prevaricación, por lo que pide tres años de prisión. Por otra parte, Justo Saura, Benito Reynés, Javier Mas, Marc Pons y Basilio Sastre, por parte de la empresa beneficiaria de amarres y talleres en Mahón, se enfrentan a tres años de prisión por fraude y cooperadores en prevaricación.
En su escrito el fiscal Juan Carrau cree que «el consejo de Administración de la APB dictó varias resoluciones arbitrarias destinadas a favorecer ilegalmente al CNI (Club Náutico de Ibiza) en ejecución del plan arbitrario diseñado por el entonces Presidente junto con el Director y la Asesora Jurídica», además «se llevaron a cabo varios actos coetáneos» y el fiscal enumera tres cuestiones, como: «La confección de unos criterios adaptados a la oferta del CNI (…) La designación de una comisión técnica ad hoc para aplicar esos criterios de forma que no se impidiera el favorecimiento arbitrario de la elección del CNI (…) Realizar una ejecución de la STSJ 133/2018 de una forma que volviera a elegirse como mejor oferta la del CNI».
DOS PUERTOS DE BALEARES AFECTADOS
El fiscal considera además que de manera continuada y permanente y, al menos desde el año 2015 hasta el 2020, los acusados que ejercían cargos en la APB se concertaron, entre sí y con dos empresas particulares, para la adjudicación de sendos títulos de explotación del dominio público portuario en Ibiza (CNI) y en Mahón (Marina Asmen).
En el caso de Mahón y el procedimiento identificado como «Concurso para la gestión de puestos de amarre y taller en el muelle de Poniente de Maô EM-746″, el fiscal entiende que la APB «dictó una resolución para elegir como oferta más ventajosa del concurso público para el otorgamiento de la autorización administrativa para la gestión de puestos de amarre y taller en el muelle de Poniente de Mahón (…) La mencionada resolución fue arbitraria y concertada previamente con los administradores de Marina Asmen SL y supuso un perjuicio a la administración por importe superior a 100.000 euros».
Los acusados cometieron los delitos por los que se les señala «en beneficio de los particulares y apartándose para ello de los criterios de legalidad, transparencia, objetividad y concurrencia que han de presidir las decisiones públicas», lo que provocó perjuicio económico para la APB.
La participación del ex alcalde ibicenco, Rafael Ruiz, en los hechos se inscribe dentro de su condición de vocal del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria y alcalde de la ciudad cuando sucedieron los hechos. El fiscal considera que Gual de Torrella, presidente de la APB y el resto de directivos acusados, con la asesoría de Dolores Ripoll, abogada del Estado, se pusieron de acuerdo con los responsables del Club Náutico de Ibiza (CNI) para que fuera este club quien siguiera explotando la dársena de la autoridad portuaria que el club llevaba ocupando desde junio del año 1927.
La adjudicación arbitraria al Club Náutico de Ibiza de la explotación supuso para la APB una pérdida de ingresos cuantificada entre 7.685.000 euros y 12.992.000 euros durante todo el periodo de concesión.
MARINA ASMEN EN MAHÓN
En relación al supuesto favorecimiento a Marina Asmen en Mahón para la gestión de puestos de amarre y taller en el muelle de Ponent de Mahón, Anticorrupción también apunta a una resolución arbitraria y concertada previamente con los administradores de la sociedad y un perjuicio a la administración por un importe de 160.000 euros.
En este caso, el fiscal considera que la APB creó «una falsa apariencia de libre concurrencia cuando, en realidad, los pliegos de dicho concurso habían sido negociados previamente con el licitador que resultó adjudicatario y la identidad del adjudicatario estaba decidida previamente».
En su escrito de calificación el fiscal pide, además de las penas de cárcel, que se declare «la nulidad de los actos administrativos dictados en relación a la competencia de proyectos instada por el CNI».
