El pasado martes comparecía en la Comisión del Tribunal de Cuentas la presidenta de la Oficina de Supervisión de la Contratación, María Luisa Araujo, que a pesar de ser interpelada por la oposición del Partido Popular (PP) por medio de su portavoz en la comisión, la diputada Pilar Alía, se limitó a guardar silencio sobre el caso Begoña Gómez y los contratos públicos para los que la esposa del presidente escribió cartas de recomendación.
La portavoz del Grupo Popular en dicha Comisión, Pilar Alía, señaló ante Araújo que la Oficina que preside -integrada en el organigrama de Hacienda- tiene entre sus funciones la de combatir las ilegalidades en relación con la contratación pública, y le reprocha que guarde silencio sobre algunas actividades de la esposa de Sánchez, que firmó un manifiesto para asesorar al Gobierno en materia precisamente de una buena contratación pública.
Además, la portavoz del PP en la comisión, explicó que dicho manifiesto había sido promovido por el Observatorio de Contratación Pública, con el Ministerio de Economía como entidad fundadora, y entre sus recomendaciones al Ejecutivo figuraba también la de adoptar medidas que facilitasen la participación de las Pymes en la contratación pública, como licitadoras de contratos públicos.
La diputada también cuestionó el hecho de que en el informe del año 2023 de la Oficina de Regulación y Supervisión en la Contratación existiese algún reproche a incumplimientos en los contratos, entre otros, por ejemplo de la empresa estatal Paradores, a pesar de las recomendaciones que el Tribunal de Cuentas había realizado al respecto.
Por eso Alía exigió que se fiscalicen los contratos en aplicación de los Fondos Next Generation, «porque todo control es poco en estos contratos, debido al origen del dinero con el que se van a pagar», advirtió la diputada del PP.
Hay que recordar que Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, no ha sido todavía llamada a declarar en ninguna comisión de investigación del Congreso ni del Senado, aunque desde el PP de Madrid se especula con la posibilidad de hacerlo en la Asamblea de Madrid si finalmente se celebra una comisión de investigación sobre la famosa cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) impartida en la Universidad Complutense de Madrid por la propia Begoña Gómez y que está siendo objeto de investigación judicial por el juez Juan Carlos Peinado.
TEZANOS Y EL GASTO DEL CIS
Unos días antes la portavoz del Grupo Popular en dicha Comisión, destacaba la necesidad de la fiscalización del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dirigido por José Félix Tezanos, dado que el presupuesto del centro sociológico ascendió en 2023 a casi 16 millones de euros, un 43,7% más que en 2022 y el más alto en los últimos 15 años. «Es un presupuesto que dobla al que se encontró Tezanos en 2018», justificó Alia.
La parlamentaria informó de que las partidas para gastos de personal son las que experimentaron mayor incremento en estos seis años con Tezanos al frente del CIS, en concreto, algo más de un millón y medio de euros.
«Como dijo el propio Tezanos en la Comisión Constitucional del Congreso recientemente, se han contratado en los últimos tiempos 12 doctores y 5 o 6 catedráticos, y todo para seguir con fallos reiterados en sus sondeos de voto, siempre a favor de Sánchez», informó Alía.
EMBAJADAS DE CATALUÑA
También se aprobaron las propuestas de resolución del Partido Popular relativas al informe del Tribunal de Cuentas sobre el destino dado a los recursos asignados a la ejecución de las políticas de acción exterior de la Comunidad Autónoma de Cataluña, desde 2011 hasta 2017, propuestas críticas con las denominadas embajadas independentistas.
Una de dichas propuestas del PP consistía en la reprobación a los responsables políticos que promovieron el proceso independentista con más de 100 millones de euros, según datos del propio Tribunal de Cuentas sobre los gastos de la Generalitat en acción exterior para hacer propaganda del conocido como procés.
Además, el PP consiguió que se aprobarán 11 propuestas más de resolución suyas, entre ellas la de solicitud de fiscalización de los bienes y derechos embargados por la Tesorería General de la Seguridad Social en el año 2021.
