La Fiscalía del Tribunal Supremo ha emitido un informe donde se opone a que el alto tribunal investigue al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por el presunto delito de revelación de secretos del que le acusa el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Este informe de 45 páginas solicita «declarar que los hechos no son constitutivos de delito y archivar las actuaciones».
La investigación se abrió después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid elevara al Tribunal Supremo la querella presentada por el novio de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, contra el Fiscal General del Estado por la difusión de una nota informativa sobre un supuesto fraude fiscal que le afecta. Ahora corresponde al Tribunal Supremo decidir sobre la posible imputación del Fiscal General.
La Fiscalía se opone a que se impute al Fiscal General del Estado
La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde, ha emitido un informe de 45 páginas en el que se opone a que el alto tribunal investigue a su jefe, el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por el presunto delito de revelación de secretos.
En este documento, Sánchez-Conde solicita «declarar que los hechos no son constitutivos de delito y archivar las actuaciones«. La ‘número dos’ del Ministerio Público se ha pronunciado después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid elevara al Tribunal Supremo la causa por la querella que el novio de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, presentó contra el Fiscal General del Estado.
La pareja de Díaz Ayuso llevó a los tribunales la difusión de una nota informativa en la que la Fiscalía de Madrid daba cuenta del cruce de correos electrónicos entre su abogado y el fiscal Julián Salto por el supuesto fraude fiscal por el que se le investiga. García Ortiz asumió la responsabilidad de dicho comunicado.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró que la difusión de la nota excedía lo necesario
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) consideró que la difusión de la nota «no se corresponde con la alegada finalidad que apunta el Ministerio Fiscal» (desmentir un bulo), porque «aparte de exceder en su contenido a lo que aparece divulgado en la prensa, supone la divulgación de datos e información que no puede ser revelada a terceros».
Una vez que se ha pronunciado la Fiscalía, corresponde al Tribunal Supremo decidir sobre la posible imputación del Fiscal General. La ponente del asunto es la magistrada Susana Polo, a quienes acompañan en esta sala los magistrados Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela.
