La acusación popular que ejerce la plataforma Liberum en el ‘caso Koldo’ ha solicitado al juez instructor que se requiera al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que identifique a los autores y colaboradores del informe de auditoría que encargó el ministro Óscar Puente en relación a los expedientes de contratación para la adquisición de mascarillas que son objeto de investigación en la causa.
Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que interesa además que se les cite a declarar en la Audiencia Nacional en calidad de testigos para que den cuenta sobre ese informe inspector, «sobre la ausencia de albaranes o actas de la recepción y entrega de las mascarillas a los destinatarios finales» y sobre «la emisión de los certificados de distribución» por parte de Puertos del Estado y Correos.
Liberum quiere además que el juez acuerde que se libre oficio y se requiera a la Unidad de apoyo de la Agencia Tributaria para recabar «la totalidad de las facturas emitidas por Soluciones de Gestión, la empresa vinculada a la presunta trama, durante los ejercicios 2020 y 2021. También quiere que el juez Ismael Moreno tenga en sus manos «todas las facturas de compra de adquisición de material sanitario de mascarillas».
Por otro lado, se fija en la distribución del material sanitario una vez llegaba a España, y quiere que los investigadores se pongan en contacto con Raminatrans SL, la empresa que se encargó de ese asunto, para que aporte «las actas o albaranes de recepción y entrega a sus destinatarios finales de los 5 millones de mascarillas suministrados por Adif». Con esto, quiere acreditar «el número total de mascarillas recepcionadas por Raminatrans SL y distribuidas a los destinatarios finales».
También quiere que se consigan las actas o albaranes de recepción y entrega a sus destinatarios finales de los 4 millones de mascarillas suministrados por Puertos del Estado para conocer el número total de mascarillas recepcionadas por Raminatrans SL y distribuidas a los destinatarios finales de las entidades públicas adscritas al Ministerio.
En este procedimiento, que se instruye en el Juzgado Central de Instrucción número 2, están bajo la lupa ocho contratos adjudicados por distintos entes de la Administración Pública con un importe global de 51.998.434 euros.
El juez investiga a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, y a otras personas por la presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción les atribuye presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
