La reciente crisis electoral en Venezuela ha puesto a prueba la capacidad diplomática de España y su compromiso con la defensa de la democracia. Desde el primer momento, el Gobierno español se ha mantenido firme en su postura de no reconocer a Edmundo González como presidente electo, pese a los llamamientos del Congreso y el Senado liderados por el PP.
Sin embargo, a medida que han ido surgiendo nuevas evidencias sobre las irregularidades en el proceso electoral, el Ejecutivo ha ido modulando su lenguaje y admitiendo que, según los datos disponibles, González sería el ganador de los comicios. Esta posición refleja el delicado equilibrio que España debe mantener entre la búsqueda de una solución negociada y la necesidad de respetar la voluntad expresada por los venezolanos en las urnas.
La UE y la reacción internacional
La Unión Europea, de la mano de su Alto Representante para Política Exterior, Josep Borrell, también ha reconocido que, de acuerdo con las copias públicas de las actas electorales, Edmundo González Urrutia sería el ganador de las elecciones presidenciales por una amplia mayoría. Asimismo, el Panel de Expertos de las Naciones Unidas ha confirmado la fiabilidad de las actas publicadas por la oposición.
Esta posición de la UE y de otros países, como Estados Unidos y varios países iberoamericanos, ha puesto presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro para que publique la totalidad de las actas electorales. Sin embargo, el Ejecutivo venezolano se ha mantenido reacio a este requerimiento, lo que ha llevado a la amenaza de posibles sanciones adicionales por parte de la comunidad internacional.
La búsqueda de una solución negociada
Según el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la decisión de no reconocer a Edmundo González como presidente electo se sustenta en la necesidad de mantener un margen de mediación que permita encontrar una salida negociada a la crisis política en Venezuela.
El argumento se basa en el hecho de que el nuevo mandato presidencial no arrancará hasta el 10 de enero, lo que brinda un espacio de tiempo para que Gobierno y oposición puedan sentarse a dialogar y vehicular la voluntad democrática expresada por el pueblo venezolano en las urnas.
En esta línea, una declaración conjunta de una treintena de países, entre ellos España, ha hecho un llamado a los líderes políticos venezolanos para que inicien «discusiones constructivas e inclusivas sobre una transición con garantías para ambas partes», con el objetivo de resolver el impasse político en el país y restaurar pacíficamente las instituciones democráticas.
En resumen, la postura de España y la Unión Europea refleja un delicado equilibrio entre el reconocimiento de que Edmundo González fue el ganador de las elecciones, según los datos disponibles, y la necesidad de mantener un margen de mediación que permita una transición democrática ordenada y negociada en Venezuela. Este enfoque, si bien puede resultar cuestionado por algunos sectores, busca preservar la capacidad de influencia de la comunidad internacional en la búsqueda de una solución duradera al conflicto político en el país.
