Las sospechas de que no existen las famosas actas de contratación de la mesa de la Diputación Provincial de Badajoz que eligió a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente Pedro Sánchez, para ocupar la plaza de Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social en Régimen Laboral de alta Dirección, desde el 3 de julio de 2017 y hasta ahora, se hacen realidad conforme pasan los días de instrucción judicial.
Los agentes de la Unidad Central Orgánica (UCO) de la Guardia Civil, la juez que instruye la causa en Badajoz y las acusaciones populares con la organización Manos Limpias a la cabeza sospechan que esas actas no existen, ya que la Diputación no las ha entregado todavía a pesar de que se les ha requerido junto con el contrato de Alta Dirección firmado por David Azagra, hermano del presidente del Gobierno. La juez va perdiendo la paciencia y por eso el pasado 24 de septiembre mandó a los agentes de la Benemérita a registrar un nuevo ordenador, en este caso el del Jefe de Recursos Humanos de la Diputación.
Los agentes de la Guardia Civil ya han intervenido los ordenadores de la Diputación provincial en tres ocasiones y nada les asegura que en esta ocasión vayan a tener éxito. El objetivo siempre ha sido el mismo, conocer el intercambio de correos entre los diferentes actores de esta trama, desde el presidente de la Diputación hasta David Sánchez Pérez-Castejón y obtener los documentos legales necesarios que acreditasen la contratación del músico en la Diputación. De momento, la juez Beatriz Biedma no ha tenido éxito en ninguna de las diligencias practicadas.
El primer registro de la UCO en la Diputación apuntó a Elisa Moriano, directora del área de Cultura. Según se desprende del informe presentado por la Guardia Civil ante la juez fue ella quien habría propuesto la modificación en la Diputación para otorgar el puesto a David Sánchez. A la postre, Moriano fue también parte de la comisión asesora encargada de escoger a la persona para el puesto. La UCO, además, nombra al jefe de Servicio de Gestión de Recursos Humanos, Félix González; y a Manuel Candalija, jefe de Servicio de Actividades Culturales, además de al presidente de la Diputación pacense, el socialista Miguel Ángel Gallardo.
En la contratación también habrían participado tres diputados socialistas, Francisco Martos, diputado Delgado del área de Cultura y Deportes; Cristina Núñez Fernández, que tenía el cargo de diputada de Cultura; Emilia Parejo Gala, Coordinadora de la Delegación de Área de Igualdad de la Diputación, Félix González Márquez, Jefe de la Sección Gestión Administrativa y Asuntos Generales y Antonio Garrote, diputado delegado de Recursos Humanos. Este último rubricó las bases de la licitación y el contrato de alta dirección para el hermano del presidente del Gobierno. Además, del correo corporativo del propio David Sánchez.
El problema es que la documentación sobre todo lo relativo a esa contratación, no termina de llegar al juzgado. La Diputación Provincial dilata el proceso de entrega y la juez se impacienta, por eso envió a los agentes de la UCO el pasado 24 de septiembre, para intervenir en esta ocasión el ordenador de José Ramón Suárez Arias, jefe de Servicio de Gestión de Recursos Humanos de la Diputación. Si entre los documentos incautados aparecen los contratos o las actas de la mesa de contratación significará que al menos, existen, algo de lo que dudan los investigadores.
Los investigadores también han solicitado los e-mails de los equipos directivos de los dos centros musicales que dependen de David Sánchez, el conservatorio superior Bonifacio Gil y el profesional, denominado Juan Vázquez. El hermano del presidente fue contratado como directivo de la Diputación el 30 de junio de 2017, tan sólo doce días después de que Sánchez lograra afianzarse con la secretaría general del PSOE tras unas tensas primarias con Susana Díaz y Patxi López. Los agentes de la UCO ya alertaron a la juez Biedma hace dos meses en un informe que la persona que supervisó el proceso de selección fue la misma que concluyó la contratación, la socialista Cristina Núñez, en ese momento diputada provincial.
La UCO ha indagado en todos los correos enviados desde sus cuentas corporativas a partir del año 2016, aunque fue el 19 de mayo de 2017 cuando la convocatoria de empleo se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, recogiendo las bases para «la provisión de puesto de trabajo de coordinador/a actividades conservatorios de música del área de cultura, juventud y bienestar social en régimen laboral de alta dirección».
La primera de las funciones recogidas en estas bases hacen referencia a la «coordinación de las actividades de los Conservatorios pertenecientes a la Diputación Provincial de Badajoz, Superior de Música «Bonifacio Gil» y profesional de música «Juan Vázquez»». Así hasta un total de 9 funciones. La UCO ya se ha dirigido a los responsables de estos centros para que aporten copias de sus comunicaciones con David Sánchez.
Sólo 11 candidatos posibles pasaron el primer corte, entre ellos David Sánchez, que tuvo que pasar una entrevista el 27 de junio de 2017 con la directora del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social, Elisa Moriano Morales. Tras las entrevistas, dos días más tarde, resultó elegido David Sánchez porque «el aspirante seleccionado es quien presenta un perfil profesional acreditado más concordante con los requerimientos de la convocatoria», además «es el aspirante que cumple con todos los méritos específicos reseñados en la base quinta de la convocatoria» y «la preparación demostrada, su currículum, la defensa del proyecto, las propuestas de mejora realizadas y, sobre todo, la contestación a las preguntas que se formularon en la entrevista, le hacen al candidato más idóneo para desempeñar el referido puesto».
La UCO cree además que la puntuación que obtuvo David Sánchez, 90 sobre 100 puntos posibles, pudo ser una maniobra expresa para facilitar su colocación. La Guardia Civil se refiere así a una «serie de actos preparatorios en una esfera previa a las resoluciones mencionadas, que no han quedado reflejados en la documentación entregada a petición del Juzgado».
En este sentido, las comunicaciones entre los nueve trabajadores y empleados de la Diputación de Badajoz, muestran unas conversaciones que no tenían otro objetivo que «la creación y adjudicación de un puesto de trabajo y el cambio de denominación del mismo posteriormente», según la UCO. Por ese motivo la juez abrió una pieza separada dentro de estas diligencias y acordó la práctica de todos los registros.
