En un caso que podría tener repercusiones en la esfera política y empresarial, un empresario denunciado por presunta estafa ha asegurado haber entregado 100.000 euros en efectivo a un eurodiputado durante la campaña electoral. Esta denuncia ha sido remitida a la Fiscalía del Tribunal Supremo, quien deberá determinar si existe un posible delito de financiación ilegal.
La complejidad de este caso radica en la aparente intersección entre el mundo empresarial y político, donde se cuestiona la legalidad de las acciones llevadas a cabo. A continuación, profundizaremos en los detalles de esta trama, explorando las implicaciones y el panorama legal que se vislumbra.
Denuncia por Presunta Estafa
Según las fuentes, el empresario Álvaro Romillo, cuyo entramado empresarial ha sido denunciado en la Audiencia Nacional por un presunto delito de estafa, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. En esta, Romillo asegura haber abonado 100.000 euros en efectivo al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez Fernández, semanas antes de las elecciones europeas.
Las víctimas de la presunta estafa, representadas por el despacho Aránguez Abogados, han solicitado a la Audiencia Nacional que investigue el supuesto fraude de más de 300 millones de euros cometido por Madeira Invest Club, una plataforma de inversiones que presuntamente ayudaba a las personas a reducir su carga tributaria. Según el despacho, Romillo, quien se presentaba bajo el alias «CriptoSpain», «alardeaba de ser un gran experto en elusión fiscal y conocedor de criptomonedas».
Investigación por Financiación Ilegal
La Fiscalía del Tribunal Supremo, competente para investigar a un eurodiputado, recibirá la denuncia presentada por Romillo. Las autoridades deberán determinar si existe un posible delito de financiación ilegal por parte del eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez Fernández.
Según las fuentes, la Fiscalía General del Estado recibió la denuncia de Romillo el pasado 19 de septiembre, y esta misma mañana se ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo. Ahora, corresponderá a esta instancia investigar si el presunto cobro de 100.000 euros en efectivo durante la campaña electoral puede constituir un delito.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la transparencia y el cumplimiento de la legalidad en el ámbito político y empresarial. La presunta conexión entre un empresario denunciado por estafa y un eurodiputado genera preocupación y exige una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y preservar la integridad de las instituciones.
