La Fiscalía Anticorrupción ha rebajado significativamente la petición de condena para Serafín Castellano, exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y exconsejero del PP, después de que este haya reconocido los hechos que se le imputan en el juicio por el conocido como ‘cártel del fuego’. Además de Castellano, otros 11 acusados también han reconocido los hechos y alcanzado un acuerdo con Anticorrupción.
Durante el juicio, el fiscal le ha recordado a Castellano que «ha reconocido, con la asistencia de su letrado, todos los hechos del escrito de acusación del Ministerio Fiscal». Ante esto, Castellano ha respondido: «Sí, ratifico todos los escritos». Sin embargo, los únicos acusados que han descartado reconocer los hechos imputados y negociar una rebaja de las penas han sido Rubén Mariano García, Francisco Antonio Alandí, Vicente Bosca y Manuel Bosch.
Estas conformidades de la mayoría de los acusados han supuesto una rebaja significativa de la petición de condena por parte de la Fiscalía para Castellano y otros, pasando de los 21 años iniciales a tan solo dos años y siete meses de prisión. La Fiscalía le imputaba inicialmente la comisión de delitos de falsedad en documento público, delito continuado de cohecho, prevaricación, malversación y asociación ilícita.
Los Presuntos Amaños en Contratos de Extinción de Incendios
Cabe recordar que el juez instructor propuso juzgar en 2022 al ‘cártel del fuego’ por los presuntos amaños en contratos para la extinción de incendios. En el auto por el que la Sala de lo Penal confirmó el procesamiento de los encausados, en noviembre de 2022, se recordaba que el juez instructor había descrito prácticas «con ánimo de lucro» para «alterar los términos de la normal concurrencia en los procesos de contratación y adjudicación pública«, corrompiendo mediante presuntos sobornos.
El fiscal subrayaba en su escrito que los acusados, en el periodo comprendido entre 1999 y, al menos, 2018, en relación con la actividad de contratación del sector público en el ámbito de la navegación aérea, fundamentalmente en el de la extinción de incendios forestales, desarrollaron múltiples conductas ilícitas.
Los Regalos Vinculados a la Caza
Fue en junio de 2022 cuando el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, ya jubilado, explicó que los integrantes del ‘cártel del fuego’ habrían actuado indebidamente incrementando el gasto en favor de las personas y empresas concertadas; permitiendo prórrogas o modificaciones contractuales; aprobando facturaciones, o favoreciendo a determinadas personas y entidades.
Según el juez, solo al ex alto cargo valenciano, Serafín Castellano, y sin que eso agote todas las dádivas entregadas, se le realizaron regalos por importe no inferior a 163.736,02 euros, principalmente en el ámbito de las actividades cinegéticas.
Además, los empresarios y sus compañías se habrían repartido geográficamente el mercado de la contratación pública en el sector, así como los procedimientos concretos de contratación, incluso mediante progresivas reuniones en las que preestablecían qué sociedades concurrirían, en qué zonas de influencia y las sucesivas compensaciones y liquidaciones económicas dentro del propio cártel.
La Presunta Red Clientelar
Según el juez, la presunta corrupción de los funcionarios y autoridades intervinientes en estos procesos de contratación se hacía con la entrega de dádivas o regalos, lo que habría derivado en «una sistemática actuación de generación de actitudes clientelares en el ámbito de la administración interviniente en el sector«.
En concreto, en el ámbito contractual de la Comunidad Valenciana y Cataluña, el grupo de entidades o sociedades vinculadas con AVIALSA realizó por diversos medios, en favor de funcionarios o autoridades, entregas de metálico o regalos como vehículos, cacerías, armas de fuego y accesorios, relojes y joyas o estancias en establecimientos hoteleros.
Para el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, los hechos podrían constituir delitos de cohecho; organización criminal; alteración de precios en concursos o contratación pública; falsedad documental; malversación de caudales públicos; prevaricación; asociación ilícita, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos; y tráfico de influencias y exacciones ilegales.
