La asociación Hazte Oír, que ejerce una de las acusaciones populares en el Caso Koldo ha solicitado al juez instructor de la Audiencia Nacional que acuerde la imputación de la expresidenta de ADIF y ex secretaria de Estado hasta 2023, Isabel Pardo de Vera, al entender que ella misma admitió en su declaración judicial que fue la responsable de transmitir el contacto de Íñigo Rotaeche, director general de Soluciones de Gestión, a su jefe de Personal, Michaux Miranda, también investigado en la trama Koldo de compra de mascarillas para ADIF.
El juzgado central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional instruye una investigación por la compra de mascarillas durante el COVID a una empresa por valor de casi 52 millones de euros, con la presunta intermediación de Koldo García, ex asesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. En similar sentido se pronunció por Michaux Miranda durante su declaración judicial del pasado 19 de septiembre.
Según los denunciantes, Pardo de Vera «reconoció el pasado 16 de septiembre que «el equipo» le daba cuenta de los avances en el proceso de adjudicación» y que cuando se le cuestionó su intervención en la contratación de la empresa investigada en la trama, Soluciones de Gestión, aseguró que «yo no me encargaba de nada».
«Es igualmente destacable que indicó expresamente que había sido ella misma quien había tomado la decisión de que fuese el sr. Miranda el encargado de gestionar la contratación. señalando claramente que «la decisión la tomo yo»», recoge la petición para imputar a Pardo de Vera.
Otras de las contradicciones encontradas por Hazte Oir es que aseguró que no conocía la empresa Raminatrans, encargada del reparto de mascarillas llegadas de China por diferentes puntos de España. Sin embargo, «posteriormente, afirmó que sabía que dicha mercantil ejercía labores logísticas relacionadas con el transporte de los productos sanitarios».
Michaux Miranda también declaró que «la señora Pardo de Vera le avisó el 1 de abril de que Koldo García se pondría en contacto con él, evidenciándose así que entre estos dos últimos existían relevantes contactos y comunicaciones relacionadas con la adjudicación y ejecución del contrato investigado».
También la declaración de Manuel Fresno, director General Financiero y de Control de Gestión en ADIF, fue determinante al decir que «la orden irrevocable de pagó la firmó la presidenta de ADIF» y que «la decisión la adoptó ella el 27 de marzo». Además, Pardo de Vera, admitió «haber estado en contacto con Koldo García (…)» y que éste «era muy insistente». La ex presidenta de ADIF explicó que esos contactos «se centraban en la logística de los vuelos, por lo que dicha insistencia no encaja en el contexto que ella misma plantea. De hecho, incluso cabe deducir que quien debería haber sido insistente es ella misma para que los vuelos llegasen, y no al revés».
OTROS TESTIGOS DEL CASO KOLDO
La misma asociación ha pedido que declaren como testigos el administrador de Terraplanet, que presentó una oferta mucho más barata que Soluciones de Gestión. La oferta, presentada por la empresa Terraplanet, consistía en 8 millones de mascarillas de protección FFP2 (KN95) con válvula de filtrado, producto extracomunitario con marcado CE, con origen en China y a un precio total de 10.800.000 euros, a entregar 7 días después de la formalización del contrato en la aduana del Aeropuerto de Barcelona. Hay que recordar que el primer encargo que realizó Puertos del Estado fue igualmente de 8 millones de mascarillas por 20 millones de euros, el doble de la oferta presentada por esta empresa santanderina.
Hazte Oir también pide que se cite a declarar como testigo a José Antonio Rodríguez, director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. Apuntan que Daniel Belmar, exalto cargo del Ministerio del Interior que ocupó durante la pandemia la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, señaló expresamente en su declaración que Rodríguez González fue quien le remitió a Soluciones de Gestión, y que en su declaración ante la Guardia Civil afirmó que fue efectivamente el titular del Gabinete de Coordinación y Estudios quien le dio a conocer la línea de compra y la posibilidad de unirse a ella.
