El ex subsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez García ha señalado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el ‘caso Koldo’ que fue el exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, quien le dio la oferta de Soluciones de Gestión -empresa vinculada a la presunta trama- para la adquisición de mascarillas en plena pandemia de coronavirus.
Según fuentes jurídicas presentes en su declaración como investigado, ha señalado además que, dado que Koldo García era el asesor de Ábalos, entendía que su palabra era como la del ministro.
Con todo, ha subrayado que no recibió indicación especial para contratar con esa empresa en concreto, ni le transmitieron desde instancias superiores que tuviera que ser la elegida para la adquisición de mascarillas -8 millones de unidades por 20 millones de euros-.
Por otro lado, Gómez ha aseverado que cuando el exasesor ministerial le pasó la oferta de Soluciones de Gestión, él encargó un estudio de solvencia sobre la misma y ordenó tanto a Puertos del Estado como a Adif que también hicieran sus estudios pertinentes.
En cuanto a la oferta de Terraplanet del Sur, que ofrecía mascarillas más baratas, ha explicado que llegó el 23 de marzo, tres días después de que el día 20 se hubiera firmado con Soluciones de Gestión, y que por tanto no podían cambiar de opinión dado que hubiera supuesto indemnizar a la empresa de la presunta trama. A esto, ha sumado que las decisiones se adoptaron en un contexto de pandemia con el mercado roto completamente.
Sobre la figura de Ábalos y el papel que pudo jugar en la adquisición de estas mascarillas, Gómez ha resaltado que el entonces ministro era uno de los cuatro ministros delegados para contratar mascarillas -Sanidad, Interior, Transportes y Defensa- y que, como tal, le trasladó que buscara ese tipo de material.
Por otro lado, ha explicado que él despachaba con el ministro de Transportes, que en esas reuniones no había nadie más, que él se comunicaba con Puertos el Estado y Adif pero sólo con los presidentes, y que conocía a Koldo García del ministerio pero no a Víctor de Aldama -presunto conseguidor de la trama- o a cualquiera de los que trabajaban para Soluciones de Gestión.
«LA VINCULACIÓN DIRECTA»
El juez Ismael Moreno acordó su citación después de que se lo pidiera la Fiscalía Anticorrupción apoyándose en que tanto él como los también investigados Michaux Miranda –ex director general de gestión de personas de ADIF– y Álvaro Sánchez Manzanares –ex secretario general de Puertos del Estado– «podrían haber ejercido ciertas presiones sobre las personas responsables de los entes que tenían que hacer la adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas», según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El fiscal, en su petición, explicaba que estas presiones se dieron «sin permitir o dar pie a que pudieran examinarse otras ofertas o presupuestos, dando por hecho y sin ninguna opción de rebatir la decisión final de adjudicación, que el adjudicatario final iba a ser Soluciones de Gestión».
«En principio, sin perjuicio de ulteriores consideraciones, tal conducta podría ser encajable dentro de los contornos del delito de tráfico de influencias. Por lo tanto, a los fines de garantizar la plena efectividad del derecho a la defensa y evitar que puedan producirse contra ellos situaciones materiales de indefensión, se considera procedente que se ha de proceder a su toma declaración en calidad de investigados», añadía Anticorrupción.
En el informe de la Guardia Civil se destacaba además la «vinculación directa» del ex subsecretario de Transportes José Manuel Gómez, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.
Sostenía que la Subsecretaría del Ministerio, en manos de Gómez, asumió un rol clave en que la decisión de adjudicar a Soluciones de Gestión fuera transmitida a los entes que ejecutaron la contratación.
Según indicaban los investigadores, en el marco del procedimiento se han encontrado correos electrónicos en los que parece ejercer como «correa de transmisión entre la esfera próxima del ministro y los entes adjudicadores».
Los agentes hacen hincapié en que Gómez declaró a los investigadores no haber participado en la adjudicación de los contratos a Soluciones de Gestión por parte de Puertos del Estado y ADIF, una afirmación que la UCO considera que está «alejada de la realidad» después de analizar los correos electrónicos.
EL CESE DE GÓMEZ
Gómez fue cesado de su cargo por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, después de que se hiciera pública la auditoría interna que se encargo en el seno de su departamento y teniendo en cuenta además que constaba como imputado en la causa.
Puente aseveró que de los hechos y conclusiones que se extraen de la auditoría interna realizada por su ministerio «se produce una pérdida de confianza que desemboca en la decisión».
Cabe recordar que en este procedimiento que se instruye en el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional están bajo la lupa ocho contratos adjudicados por distintos entes de la Administración Pública con un importe global de 51.998.434 euros.
El juez investiga a Koldo García y otras personas por la presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción les atribuye presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
