La Mesa del Turismo de España ha expresado su profunda preocupación por la entrada en vigor del nuevo Real Decreto que obliga a las empresas turísticas a registrar documentalmente a sus clientes, incluyendo datos sensibles como información de contacto y datos bancarios. Esta normativa, que entra en vigor el próximo 1 de octubre, impone un desafío insuperable para las empresas del sector y amenaza con generar un conflicto con la Ley de Protección de Datos, generando un escenario de incertidumbre y malestar entre los actores del sector.
La Mesa del Turismo argumenta que la nueva normativa exige un nivel de detalle excesivo en la información que las empresas deben recopilar y registrar, sin tener en cuenta las implicaciones prácticas y las dificultades de cumplimiento. Además, la normativa establece sanciones de hasta 30.000 euros en caso de infracción, lo que crea un ambiente de miedo y desconfianza entre los empresarios.
Un Obstáculo Insalvable para las Empresas Turísticas
El nuevo Real Decreto, con su intrincado sistema de registro documental, impone un desafío inmanejable para las empresas turísticas. La complejidad de los procedimientos de reserva, la falta de recursos y la imposibilidad de adaptarse a los requerimientos de la normativa, ponen en jaque la operatividad del sector turístico. El sector considera que la implementación de esta normativa sin una previa consulta con los profesionales y empresarios del sector, genera una sensación de desamparo e injusticia. La Mesa del Turismo reclama al Gobierno un diálogo abierto y sincero para encontrar soluciones viables que no comprometan la competitividad del sector turístico.
Un Potencial Conflicto con la Ley de Protección de Datos
La Mesa del Turismo también ha expresado su preocupación por la potencial colisión con la Ley de Protección de Datos. La nueva normativa exige la recopilación y registro de información personal sensible de los viajeros, lo que podría vulnerar la privacidad de los usuarios. La Mesa del Turismo considera que la normativa actual no garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos de los viajeros, exponiendo a las empresas turísticas a posibles sanciones legales.
El sector turístico exige al Gobierno que revise la normativa, reconsidere la actualización del Real Decreto y se siente a dialogar con el sector privado para encontrar soluciones alternativas que garanticen el cumplimiento de las medidas de seguridad, sin afectar la privacidad de los viajeros ni la competitividad del sector.
