Los mass media creen que en el Plan de Acción por la Democracia aprobado por Pedro Sánchez hay más ruido que nueces. La falta de medidas relevantes convierten este proyecto en una especie de cortina de humo con el que el PSOE intenta tapar sus guerras mediáticas.
Fuentes de la industria audiovisual explican que la venganza de Sánchez contra grandes grupos privados podría haber llegado «con el regreso de la publicidad a TVE», «el reparto de nuevas licencias en TDT» o «el impulso de la radio digital» en una España convertida en islote analógico en lo referido al mercado de la radio.
Los oligopolios en televisión y radio se mantienen intactos mientras el foco se sitúa sobre los periódicos digitales focalizados en Madrid, que deberán rendir cuentas sobre quiénes son sus propietarios y sus anunciantes públicos.
PLAN DE ACCIÓN POR LA DEMOCRACIA
El Plan de Acción por la Democracia consiste en 31 medidas para reforzar la limpieza de la democracia y dotar de mayor transparencia en los medios de comunicación divididas en tres ejes: ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental, reforzar la transparencia del poder legislativo y el sistema electoral y fortalecer la transparencia, la pluralidad y la responsabilidad de los medios de comunicación.
Estas medidas serán negociadas e impulsadas por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, encabezado por el socialista Félix Bolaños, y por el Ministerio de Cultura encabezado por el miembro de Sumar y los Comuns Ernest Urtasun.
Dice el Gobierno que entre las medidas destacadas en el eje de calidad de la información gubernamental se encuentran:
-Facilitar la información y comprensión de las medidas que toma el gobierno, con un nuevo proyecto de ley de Gobierno Abierto.
-Rendición de cuentas obligatorias de todos los gobiernos: compromisos y nivel de ejecución de estos. Implementación de estrategias comunicativas para evitar la corrupción: aprobación de ley de protección del denunciante.
-Nueva unidad en la fiscalía para luchar contra la corrupción en la administración.
-Reforma de la ley de secretos oficiales.
Entre las medidas para reforzar la transparencia del poder legislativo y el sistema electoral se encuentran:
-Obligación de celebración del debate del estado de la nación anualmente, algo que actualmente no sucedía.
-Reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral, para incluir la obligatoriedad de asistencia a los debates electorales.
-Obligatoriedad de que las encuestas en periodo electoral se deban acompañar de los microdatos de estas.
-Creación de la Ley de Grupos de Interés (lobbies) bajo el marco normativo europeo.
-Reforzar la obligación de publicar las cuentas de los partidos y las declaraciones de bienes de cargos públicos para evitar su incumplimiento con la incorporación de sanciones.
Por último, en el eje para fortalecer la transparencia, la pluralidad y la responsabilidad de los medios de comunicación se impulsarán:
-Creación de un registro de medios de comunicación sobre la propiedad y la inversión recibida en publicidad pública.
-Reforma de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para darle poder sobre medios de comunicación.
-Establecimiento del deber de publicar la inversión publicitaria de todas las administraciones públicas en medios de comunicación de manera anual.
-Reforma de la Ley de Publicidad Institucional para garantizar la proporcionalidad y no discriminación en su asignación.
-Reforma de la Ley de Publicidad Institucional para que los sistemas de medición de audiencia cumplan los principios de transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad.
-Reforma de la Ley de Publicidad Institucional con medidas de discriminación positiva a medios que estén íntegramente en català, euskera o galego.
-Trasposición de la normativa europea para la protección de los periodistas sobre los acosos externos, para facilitar la desestimación de demandas abusivas e infundadas.
-Eliminación de los preceptos de la Ley Mordaza que hablan de sanciones contra los periodistas por cubrir las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.
-Introducción de límites de financiación pública de los medios de comunicación para evitar medios fantasmas pagados con dinero público.
-Marco normativo contra los oligopolios en medios de comunicación, con límites de concentración mediática.
-Modificación de las leyes orgánicas de regulación del derecho al honor y el derecho a la rectificación.
-Reforma integral del Código Penal para ajustarlo a la normativa europea, eliminando o modificando artículos sobre delitos de libertad de expresión y sobre sentimientos religiosos.
