La Abogacía Española se encuentra ante un panorama complejo que exige una revisión profunda de sus prácticas y una defensa firme de los derechos de sus miembros. En este contexto, el nuevo presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha lanzado un llamado a la acción, instando a repensar el sistema del turno de oficio y a luchar por pensiones justas para los mutualistas.
Su objetivo es garantizar la sostenibilidad del sistema, el bienestar de los abogados y la defensa de los derechos fundamentales de la profesión, todo ello en un entorno marcado por la creciente presión digital y la necesidad de una mayor conciliación entre la vida profesional y personal.
Un Turno de Oficio Necesita Repensarse: Hacia la Sostenibilidad y la Equidad
El turno de oficio, pilar fundamental del acceso a la justicia, se enfrenta a un reto crucial: la creciente sensación entre los abogados de que las remuneraciones no se corresponden con el esfuerzo dedicado. Este sentimiento, que se traduce en un número cada vez mayor de bajas, amenaza la viabilidad del sistema.
González ha destacado la importancia de repensar el sistema para garantizar su sostenibilidad, buscando un equilibrio entre la justicia social y la viabilidad económica. La futura ley de asistencia jurídica gratuita representa una oportunidad clave para abordar este desafío, pero es necesario explorar también otros modelos de funcionamiento que se inspiren en las mejores prácticas europeas.
La Abogacía Española ha puesto en marcha una comisión especial dedicada a analizar las posibles soluciones y a proponer medidas concretas que garanticen la equidad y la eficiencia del turno de oficio, asegurando así un acceso real a la justicia para todos los ciudadanos.
Defendiendo el Derecho a Pensiones Justas: Un Compromiso con la Dignidad y la Seguridad
El Consejo General de la Abogacía Española reclama al Estado que garantice pensiones justas para los mutualistas alternativos, defendiendo un sistema que respalde la proporcionalidad entre las cotizaciones realizadas y las prestaciones recibidas.
Se exige un tratamiento equitativo para quienes durante su carrera profesional han cumplido con sus obligaciones de previsión social a través de mutualidades, asegurando que su jubilación sea digna y segura. Este reclamo se sustenta en el artículo 50 de la Constitución Española, que establece la obligación de los poderes públicos de garantizar la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad.
La propuesta del Gobierno, que se centra en el ámbito puramente asistencial, no satisface las demandas de la Abogacía. Se necesita una solución integral que reconozca los derechos constitucionales de los mutualistas y que garantice su bienestar en la jubilación. La Abogacía Española reafirma su compromiso con la defensa de estos derechos y con la búsqueda de una solución justa y sostenible para todos.
