El Director General del Servicio de Salud de las Illes Balears pidió al Consejo Consultivo de aquella comunidad autónoma el 28 de junio de 2024 que emitiese un dictamen para saber si el contrato firmado por el Gobierno de Francina Armengol en mayo de 2020 para la compra de 1,5 millones de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, principal investigada en el Caso Koldo, por 3,7 millones euros. Ahora el Consejo ha declarado la nulidad de ese contrato y abre una vía legal administrativa para que el actual gobierno balear reclame la devolución de ese dinero.
En su conclusión tercera «el Consejo Consultivo emite dictamen favorable a la declaración de nulidad de la Resolución del Director General del ente público de 4 de mayo de 2020 de adjudicación, por emergencia, del contrato SSCC EM 226/2020 de suministro de material COVID-19: mascarillas 37 FFP2, a la empresa “Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L” (expediente RO SSCC EM 226/2020 ) por incurrir en la causa de nulidad prevista en el art. 39.2a de la LCSP, atendiendo a la falta de capacidad de la empresa para contratar el suministro objeto de dicho contrato y a la falta de solvencia técnica adecuada para llevarlo a cabo, de conformidad con lo expuesto en la consideración jurídica cuarta».
De esta manera los diez juristas del Consejo Consultivo balear dan vía libre al gobierno de Marga Prohens (PP) para reclamar legalmente la devolución de esos 3,7 millones de euros en mascarillas destinadas al personal sanitario, que nunca se pudieron utilizar por su ineficacia para el fin que se adquirieron.
Los firmantes del dictamen, con el voto en contra de un solo ponente, aseguran que «la caducidad del género entregado no imposibilita su restitución, que puede articularse de otros modos […], al considerar, resumidamente, que el suministro prestado no se adecuaba al objeto del contrato y que la mercantil ha causado un perjuicio económico al ente público» y que ni mucho menos la empresa adjudicataria del contrato tenía «la solvencia técnica adecuada para llevarlo a cabo».
Este dictamen era necesario para que el Gobierno balear de Armengol pusiera en marcha la reclamación de esa cantidad a Soluciones de Gestión, la empresa en el centro de la Causa Koldo, que vendió casi 53 millones de euros a diferentes organismos públicos como ADIF, Puertos del Estado, Ministerio del Interior y el Gobierno balear entre otros.
El documento recoge los hechos que se han investigado: «En fecha 25 de abril de 2020 el director de la unidad de Gestión y Presupuestos del Servicio de Salud recibe un correo electrónico remitido por el director de proyectos de la empresa “Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L.” con el asunto: “Contenido avión 26.04.2020 (KN95)” y por el que textualmente le comunicaba lo siguiente: Te mando la documentación de calidad del avión que está llegando el 26.04.2020 a Barajas mañana a mediodía o principios de la tarde. Este avión se podría escalar en Barajas destino Baleares. Lleva 1.470.600 piezas de los cuales: 500.000 de PUTIAN, 500.000 de HUIZHOU (Haier), 200.000 de FUBIAN, 170.000 de HAOYUN, 100.600 de LEIHUO. Os adjunto los Test Report del estandar ejecutivo GB2626 así como Inspection Report de contaje, empaquetado y fotografías de los productos».
CERTIFICADOS EN LENGUA EXTRANJERA
Según el mismo relato y tras el análisis de los documentos relativos a este contrato, «en los nombres de los ficheros se indica la cantidad del producto inspeccionado que va en el avión. Con su correo acompañaba, como anexos, varios ficheros con fotografías de las mascarillas y de los certificados emitidos en lengua extranjera, sin acompañar traducción. b) En fecha 26 de abril siguiente la misma empresa emite la factura núm.20.035, dirigida al ente público por un importe total de 3.701.500€ correspondiente al «suministro urgente de material gastable para la alarma sanitaria provocada por el virus COVID-19» de “1.480.600” unidades de “MASCARILLA AUTOFILTRANTE KN95 O EN SU CASO FFP2(Unidad)”, a un precio unitario de “2’50€”. Según la ficha técnica que se acompaña, entre sus características principales señala que el producto: “Cumple con los estándares KN95 (GB2626). Origen China», continúa el informe
Justo un día después de aquello, el 27 de abril de 2020 «la Aduana emite un certificado de control de la mercancía en el que constan los siguientes datos: el exportador —la empresa «Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L.»—; el destinatario —el «Servei de Salut de las Illes Balears»—; el declarante/representante —«LANTIMAR ADUANAS Y TRÁNSITOS S.L.»— y la descripción y código de la mercancía —“Mascarilla protectora KN95/FFP2”—. d) El mismo día se extiende un “Acta de recepción” con la conformidad del representante del ente público (“Lantimar”) al suministro de un total de “1.329 cajas”, correspondientes a “1.481.990 mascarillas entregadas”, según el pedido que el Servicio de Salud de las Illes Balears “ha formalizado a Soluciones de Gestión Apoyo a Empresas SL, con fecha 26/4/2020 […]».
Además, todos esos datos fueron reflejados en una aplicación informática de gestión del Gobierno balear de Armengol con el epígrafe «Proveedor: Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, SL. Material: 118618 MASCARILLA PROTECCIÓN FACIAL FFP2 KN95 USO DOMICILIARIO. Cantidad: 1.480.600; precio unitario 2,50€; total: 3.701.500€».
El informe también señala que aunque la contratación se podía hacer bajo la declaración de emergencia del Gobierno de Pedro Sánchez esa compra «no significaba que no resultaran exigibles los requisitos sustantivos y garantías» aplicables al resto de contratos, además Soluciones de Gestión «no tenia capacidad de obrar exigible para realizar la actividad» ni disponía de «la autorización administrativa previa para ejercer dicha actividad», ni cumplía «los requisitos de solvencia técnica» exigibles por Ley.
Con este dictamen a la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francine Armengol, se le complica el futuro político como responsable máximo de la compra de mascarillas a la trama del Caso Koldo, ya que era presidenta de la Comunidad Autónoma de Baleares.
LAS MASCARILLAS DE ARMENGOL NO SERVÍAN
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya estimó hace unos meses un recurso del abogado que representa al gobierno popular de Islas Baleares para que se tenga por personado como acusación particular al Servicio de Salud de esta comunidad autónoma en la causa. El actual Gobierno balear de Prohens ya explicó al juez que «una vez se tiene conocimiento de la existencia de indicios de fraude, la Dirección General de Fondos Europeos activó el protocolo de lucha contra el fraude y procedió a retirar preventivamente el gasto certificado a la UE. En concreto, se procedió a retirar la cantidad de 3.908.543,85€ con el siguiente desglose:-3.701.500€ por el suministro de mascarillas, -56.715,24€ por los gastos de transporte generados, 150.328,61 en concepto de asistencia técnica del PO por aplicación del 4% de los gastos declarados». Es decir, que Armengol pagó 3.908.543,85 euros por unas mascarillas FPP 2 que en realidad no lo eran y que no pudo distribuir a sus sanitarios en plena pandemia.
ARMENGOL PAGÓ 3,7m POR UNAS MASCARILLAS FPP2 QUE NO SERVÍAN
El abogado balear argumentó también que «el departamento de Fondos Europeos, el 28 de febrero de 2024, el subdirector general de gestión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional materializó la retirada del gasto certificado a la Unión Europea» y continuando con el mismo argumento dejaba evidente que «de donde se desprende que se ha perdido la financiación de los Fondos Europeos que ha sido el Servicio de Salud de las Illes Balears el que ha abonado las dos facturas presentadas por Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL».
En realidad la personación como perjudicado del actual gobierno balear de Marga Prohens tiene mucha transcendencia procesal, porque solo significa que la Audiencia Nacional considera a esa comunidad autónoma perjudicada por la trama Koldo.
La presidenta del Congreso y ex presidenta balear, Francina Armengol, ya admitió hace semanas que conocía a Koldo García Izaguirre como asesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y aunque no recuerda todas sus comunicaciones de hace cuatro años, sí que negó «con total seguridad y rotundidad» que hablara con él de la contratación de ninguna empresa.
