Sumar sugiere un impuesto para herencias de más de un millón y aplicar IVA a educación y sanidad privadas

La propuesta de reforma fiscal presentada por Sumar para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 ha generado un intenso debate en el panorama político y económico español. Este ambicioso plan, liderado por Yolanda Díaz, busca redefinir el sistema tributario con el objetivo de aumentar la justicia fiscal y fortalecer la financiación de las políticas públicas. Entre las medidas más destacadas se encuentra la creación de un impuesto de solidaridad para las grandes herencias, que afectaría a patrimonios superiores al millón de euros, así como cambios significativos en la aplicación del IVA en diversos sectores.

La iniciativa de Sumar no se limita a modificaciones puntuales, sino que propone una reestructuración integral del sistema fiscal español. Este enfoque holístico abarca desde la tributación de las grandes empresas hasta la fiscalidad de bienes suntuarios, pasando por incentivos para la transición ecológica y medidas para combatir el fraude fiscal. La propuesta ha sido recibida con reacciones mixtas: mientras algunos sectores aplauden el intento de aumentar la progresividad fiscal, otros advierten sobre los posibles efectos negativos en la inversión y el crecimiento económico.

Impacto en la tributación de grandes patrimonios y empresas

El impuesto de solidaridad a las grandes herencias se perfila como una de las medidas más controvertidas de la propuesta de Sumar. Este gravamen, que se aplicaría a herencias superiores al millón de euros, busca evitar la competencia fiscal a la baja entre comunidades autónomas en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. La implementación de este impuesto requeriría una proposición de ley específica, ya que la ley de Presupuestos Generales del Estado no puede introducir nuevos tributos directamente.

Además del impuesto a las herencias, Sumar propone modificaciones sustanciales en la tributación de las grandes empresas. Se plantea revisar y reducir las deducciones en el impuesto de sociedades, limitar la compensación de pérdidas a cuatro años y eliminar el régimen de consolidación de grupos empresariales. Estas medidas buscan aumentar la recaudación procedente de las grandes corporaciones, argumentando que actualmente no contribuyen de manera proporcional a sus beneficios.

La propuesta también contempla cambios en el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas, reduciendo el umbral de aplicación de 3 millones a 1 millón de euros. Esta modificación ampliaría significativamente la base de contribuyentes afectados por este impuesto, lo que podría generar un aumento considerable en la recaudación. Sin embargo, es previsible que esta medida enfrente una fuerte oposición por parte de los sectores más acaudalados de la sociedad.

Modificaciones en el IVA y fiscalidad del consumo

Uno de los aspectos más llamativos de la propuesta de Sumar es la reestructuración del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Se plantea eliminar las exenciones del IVA en la enseñanza privada y en los seguros sanitarios privados, lo que supondría un aumento en el coste de estos servicios para los consumidores. Esta medida ha sido justificada como una forma de aumentar la progresividad fiscal, argumentando que estos servicios son utilizados principalmente por sectores de mayor poder adquisitivo.

En contrapartida, se propone reducir el IVA en diversos bienes y servicios considerados de consumo general o básico. Entre estos se incluyen las peluquerías, los centros veterinarios, los pañales y los productos sin gluten. Además, se contempla aplicar el tipo reducido al consumo de electricidad, una medida que busca aliviar la carga económica de los hogares en un contexto de altos precios energéticos.

La propuesta también aborda la fiscalidad de bienes considerados de lujo o suntuarios. Se plantea un gravamen de solidaridad ambiental que afectaría a aviones privados, yates y coches de lujo. Esta medida no solo busca aumentar la recaudación, sino también incentivar comportamientos más sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Asimismo, se propone elevar la fiscalidad del tabaco tradicional y desarrollar nuevos impuestos para las formas emergentes de consumo de tabaco.

Implicaciones para el transporte y la industria

En el ámbito del transporte, la propuesta de Sumar incluye medidas que podrían tener un impacto significativo en la movilidad y el turismo. Se plantea prorrogar las subvenciones al transporte público vigentes en 2024, una medida que busca fomentar el uso de medios de transporte más sostenibles y reducir la dependencia del vehículo privado. Además, se propone un programa público de ‘leasing’ social para vehículos eléctricos, con el objetivo de acelerar la transición hacia una movilidad más limpia.

Una de las medidas más controvertidas en este ámbito es la propuesta de reducir los vuelos domésticos que tengan una alternativa ferroviaria de menos de dos horas y media. Esta iniciativa, inspirada en políticas similares implementadas en otros países europeos, busca reducir las emisiones de CO2 asociadas al transporte aéreo. Sin embargo, es previsible que enfrente resistencia por parte de las aerolíneas y de las regiones que dependen en gran medida del turismo.

En el sector industrial, Sumar propone una reestructuración significativa de los fondos públicos de apoyo a la empresa. Se plantea la creación de una agencia industrial pública y un banco público de inversión, transformando la actual Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Esta propuesta busca aumentar la participación del Estado en sectores estratégicos y garantizar que las inversiones públicas en empresas privadas tengan un retorno social y económico más tangible.

La propuesta también incluye medidas para evitar la deslocalización de empresas que hayan recibido ayudas públicas, obligándolas a devolver estas ayudas si trasladan su producción fuera del país. Además, se plantea la posibilidad de que el Estado participe en el capital y la propiedad de las patentes generadas cuando la inversión pública haya sido significativa. Estas medidas buscan proteger el tejido industrial nacional y garantizar que los fondos públicos se traduzcan en beneficios concretos para la economía española.