En un entorno energético cada vez más volátil, la propuesta de Sumar de crear una entidad pública empresarial que gestione las centrales hidroeléctricas del país cobra una importancia vital. Como periodista de alto nivel, me enorgullece analizar en profundidad esta iniciativa que podría marcar un hito en la transición hacia una mayor autonomía energética de España.
La Necesidad de una Gestión Pública de los Recursos Hidroeléctricos
El grupo parlamentario Sumar sostiene que la gestión pública de la generación eléctrica es indispensable para la soberanía energética del país. Lamentablemente, la regulación actual ha demostrado ser ineficaz para corregir las malas prácticas en el sector privado, como queda patente en el caso reciente de la absolución de Iberdrola por parte de la Audiencia Nacional. Ante esta realidad, es evidente que se requieren nuevos instrumentos que permitan intervenir de manera efectiva y equilibrar los intereses de la ciudadanía con los beneficios económicos.
Una Empresa Pública con Autonomía y Versatilidad
La propuesta de Sumar contempla la creación de una empresa pública con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión, lo que le otorgaría la flexibilidad necesaria para producir energía eléctrica a través del uso privativo de las aguas. Esta compañía podría surgir a partir de la transformación de Hunosa, perteneciente a la SEPI, o bien constituirse desde cero, con la posibilidad de ampliar la participación pública a las comunidades autónomas.
Además, esta entidad pública estaría habilitada para desarrollar e invertir en nuevas instalaciones de producción de energía, así como para constituir sociedades o participar mayoritariamente en otras ya existentes, con el objetivo de llevar a cabo la actividad de generación de energía. De esta manera, se busca revertir los beneficios en la ciudadanía y contribuir a la restitución económica y social de los municipios afectados por las instalaciones hidroeléctricas.
Hacia una Transición Energética Justa y Sostenible
Para lograr estos ambiciosos objetivos, Sumar insta al Gobierno a elaborar un informe exhaustivo sobre la situación de las concesiones del dominio público hidráulico, que delimite y clarifique los diferentes vencimientos y analice el cumplimiento de los términos de dichas concesiones. Esta información será fundamental para alcanzar los objetivos incluidos en la proposición no de ley y sentar las bases de una transición energética justa y sostenible.
En conclusión, la propuesta de Sumar representa una oportunidad histórica para que España fortalezca su soberanía energética a través de la gestión pública de los recursos hidroeléctricos. Al crear una empresa con autonomía y versatilidad, se abre la puerta a una distribución más equitativa de los beneficios y a una restitución social de las comunidades afectadas. Este es un paso crucial hacia un modelo energético que priorice el bienestar de la ciudadanía por encima de la maximización de beneficios económicos.
