La creciente demanda de alojamiento turístico y la proliferación de plataformas de alquiler de temporada han generado un debate crucial en torno a la regularización de este tipo de arrendamientos. La propuesta de ley presentada por Sumar, Podemos, Esquerra Republicana (ERC), EH Bildu y BNG busca poner fin a las prácticas abusivas que han afectado al mercado inmobiliario y garantizar una mayor protección a los inquilinos.
Esta iniciativa, que ha recibido el apoyo del PSOE y podría ser aprobada en breve, se centra en la equiparación de los contratos temporales con los de vivienda habitual, con el fin de evitar fraudes que permitan sortear la Ley de Vivienda y la escalada descontrolada de precios en el mercado de alquiler.
Equiparando los Contratos Temporales: Un Nuevo Marco Legal para la Protección del Inquilino
La propuesta de ley introduce un nuevo artículo nueve bis en la Ley de Arrendamientos Urbanos, estableciendo un límite de seis meses para la duración de los contratos de temporada. Este límite se aplica incluso cuando se ha acordado una duración inferior, y en caso de que se cumpla el plazo, la posibilidad de prórroga quedará supeditada a un acuerdo expreso entre las partes.
De igual forma, la propuesta establece que si se superan los seis meses de duración o se encadenan más de dos contratos consecutivos, se considerará un contrato de arrendamiento de vivienda habitual, aplicándosele las mismas reglas que a este tipo de arrendamientos.
Esta normativa busca generar un equilibrio entre las necesidades de los propietarios que desean alquilar sus viviendas de forma temporal y los derechos de los inquilinos, quienes merecen una mayor protección y estabilidad en sus alojamientos.
Garantizando la Habitabilidad y la Protección del Inquilino en Contratos Temporales
La propuesta de ley también incorpora un nuevo artículo 21 bis que obliga al arrendador a mantener la vivienda temporal en condiciones de habitabilidad para el uso convenido. Además, establece la responsabilidad del arrendador para realizar las pequeñas reparaciones que se requieran debido al desgaste por el uso ordinario de la vivienda.
Para garantizar una mayor protección al inquilino, la propuesta establece un plazo máximo de cinco días hábiles para que el arrendador responda a una solicitud de reparación. Si transcurrido este plazo no se recibe respuesta, el inquilino podrá realizar las reparaciones necesarias y posteriormente reclamar su importe al arrendador.
En el ámbito de la fianza, la ley establece que en los arrendamientos temporales su valor no podrá exceder la mitad de una mensualidad de la renta. Esta medida busca evitar prácticas abusivas que impongan una carga económica excesiva a los inquilinos.
En conclusión, la regularización de los alquileres de temporada representa un avance significativo para un mercado inmobiliario más equilibrado y justo. La propuesta de ley no solo protege a los inquilinos de prácticas abusivas, sino que también ofrece una mayor seguridad jurídica a los propietarios que desean alquilar sus viviendas de forma temporal. La implementación de estas medidas contribuye a un mejor acceso a la vivienda, a la estabilidad del mercado de alquiler y a la protección de los derechos de ambas partes en la relación contractual.
