El Caso Juana Canal llega a los tribunales más de veinte años después de la desaparición de la vecina del madrileño barrio de Ciudad Lineal. El 16 de septiembre comienza la vista oral del caso en la Audiencia Provincial de Madrid hasta el 4 de octubre. Los hechos serán enjuiciados con un jurado popular, que se seleccionará en la primera jornada.
La Fiscalía de Madrid y la acusación particular, que ejerce el letrado Juan Manuel Medina, solicitan una condena de quince años de cárcel por un delito de homicidio para el que fuera pareja de la víctima Jesús Pradales. El fiscal aprecia una agravante de parentesco mientras el abogado de la familia entiende que concurre un agravante de género.
Antes de llegar a juicio, el letrado del acusado intentó sin éxito solicitar la nulidad de las diligencias acordadas con posterioridad al 23 de noviembre de 2020, lo que engloba su detención y su declaración ante la jueza.
En octubre de 2022, Jesús Pradales manifestó ante la jueza que Juana Canal el amenazó con clavarle un cuchillo y culparle en el trasunto de una discusión en la que la mujer habría fallecido de forma accidental tras golpearla para defenderse de la presunta agresión de ella.
UNA DESAPARICIÓN Y UNA DISCUSIÓN
Juana Canal desapareció en la madrugada del 23 de febrero de 2003 a los 38 años de edad. La mujer vivía en el madrileño barrio de Ciudad Lineal junto a sus hijos y a su nueva pareja, Jesús. En el momento en el que se le perdió la pista trascendió que Juana y Jesús habían tenido una discusión. Cuando uno de los hijos mayores de Juana llegó a casa después de una noche fuera se encontró una nota de Jesús en la que le informaba de dicha discusión y que ella había salido corriendo y no la había encontrado.
Lo cierto es que la discusión esa noche fue tan fuerte que se personaron en el inmueble agentes de la comisaría del distrito. Tras marcharse, la conversación subió de nuevo de intensidad.
Juana desapareció como si se la hubiera tragado la tierra, más de 15 años después un hallazgo pondría luz en el asunto: en Navalacruz (Ávila) aparecieron en 2019 los primeros restos, descubiertos casualmente por un senderista, un fémur y el cráneo en una finca propiedad de la familia de Jesús.
Tras cotejarse el ADN, la Policía Nacional y la Guardia Civil iniciaron un rastreo por la zona para localizar más restos de Juana. Encontraron una costilla, la cadera, otro fémur y una parte de la columna vertebral. En junio de 2022 se comunicó la familia los hallazgos. Sólo tres meses después, en octubre de 2022, Jesús confesó ante la jueza de instrucción el crimen involuntario.
Desde el hallazgo, la investigación se centró en Jesús, que ya había sido investigado 19 años atrás cuando Juana desapareció. Una orden judicial permitió que su teléfono fuera intervenido. El contenido de las llamadas precipitó la detención de Jesús en pueblo abulense y su posterior confesión.
Un juez de Ávila acordó su ingreso en prisión provisional, pero se inhibió a favor de los juzgados de Madrid al entender que los supuestos hechos delictivos tuvieron lugar en el partido judicial de la capital.
LA CONFESIÓN DEL ACUSADO
Jesús que la mató de un golpe y que la desmembró en dos trozos en la bañera para trasladarla en maletas a Navalacruz, donde la enterró en dos agujeros en unos terrenos próximos a una finca familiar.
Relató que la discusión se inició después de que la mujer le sustrajera 600 euros y se encerrara en el baño, amenazándole con tirar el dinero por el inodoro. Tras salir, Juana habría cogido un cuchillo y le habría amenazado con clavárselo ella para decir que era él, según su relato.
La víctima llamó a la Policía para denunciar que estaba siendo agredida y los agentes se personaron en el domicilio de la calle Boldano. Finalmente, la Policía se marchó. A continuación, el detenido hizo las maletas en el cuarto para marcharse de casa y al salir, extendió el brazo para apartar a la víctima y ésta cayó.
«Vi que continuaba en el suelo con los ojos abiertos. Me percaté de que estaba muerta. Me asuste», manifestó a la jueza. Fue entonces cuando decidió cortarla en dos con un cuchillo. La metió en dos maletas y la llevó a 90 kilómetros, a Navalacruz. Cerca de su finca, excavó con un azadón dos hoyos y metió los restos.
Al volver a Madrid, tiró las maletas a un contenedor de la calle Alcalá y escribió una nota a Sergio, el hijo de Juana, en el que manifestaba que su madre se había ido después de ingerir bastantes pastillas.
Según consta en el sumario, Jesús presentó en la madrugada del 24 de febrero de 2003 una denuncia falsa en la Comisaría de la Policía Nacional de Carabanchel en la que hacía referencia a unas supuestas agresiones físicas y lesiones a manos de Juana en el transcurso de dicha discusión tras la que ella desaparece.
Según las diligencias, Jesús siempre ocultó a sus familiares y a su actual pareja las supuestas agresiones que sufrió y se limitó a comentar que la denuncia era por haberle sustraído supuestamente Juana unos 700 euros, que incluso llegó a reclamar a su hijo.
LA VERSIÓN DE LA FISCALÍA
Según el relato de la Fiscalía, Jesús inició una fuerte discusión con Juana y con «la intención de causarle la muerte, o siendo consciente de que con su acción este resultado podía llegar a producirse, la golpeó fuertemente en el cuello, haciendo que ésta cayera provocándole la muerte».
Una vez que comprobó que Juana Canal había fallecido, comenzó a descuartizar su cuerpo y lo trasladó hasta la localidad abulense de Navarredondilla, donde la enterró y fueron hallados sus restos óseos el 18 de abril de 2019.
Por su parte, desde la acusación particular de la familia, que dirige el letrado Juan Manuel Medina, señalan que el acusado, tras acabar con la vida de su pareja, con intención de ocultar el cuerpo llevó a cabo «actos tendentes a profanar y ocultar dichos restos mortales, concretamente el descuartizamiento del cuerpo con algún tipo de instrumento serrado, y su posterior inhumación ilegal».
Además, defienden que realizó una serie de actos tendentes a elaborar una coartada exculpatoria en relación a la muerte y supuesta desaparición de la finada, tales como redactar una nota manuscrita dirigida al hijo mayor de la víctima con intención de hacerle creer que la desaparición de su madre había sido voluntaria».
La familia solicita que el procesado indemnice al heredero del hijo fallecido y al otro hijo en 200.000,00 euros a cada uno de ellos, y a los hermanos de la víctima con 60.000 euros a cada uno.
