A lo largo del año 2023 se incautaron un total de 2910 teléfonos móviles a presos en los prisiones españolas dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Según ha hecho público ACAIP-UGT se ha superado así el récord de 2022 en un 6,48%.
Los teléfonos móviles dentro de la prisión son objetos prohibidos debido al peligro que conlleva ya que pueden ser empleados para la continuidad delictiva, el tráfico de drogas o la violencia de género, así como por los problemas que generan de seguridad al poder captar imágenes del interior.
La prisión de Madrid III (Valdemoro) es el centro donde se han incautado un mayor número de terminales, 152 seguido de Albolote (Granada) con 147 y Córdoba con 142. Los datos reflejan que las prisiones madrileñas y andaluzas son las que más teléfonos se incautan con una ratio de más de 60 móviles por cada 1000 internos cuando la meda nacional se sitúa en 51,32 por cada mil internos.
MERCADO NEGRO DE MÓVILES
Denuncian desde el sindicato «la dejadez por parte de la administración penitenciaria para mejorar las medidas preventivas para el uso de estos terminales, al no modernizar los elementos de seguridad como inhibidores».
«De manera que, al no poder ser utilizados se convertirían en objetos inservibles sin valor, lo que reduciría los problemas regimentales. Se trata de objetos muy cotizados por aquellos internos que tienen restringidas las comunicaciones, como los presos por violencia de género, delitos de terrorismo o pertenecientes a bandas organizadas. Por tanto, su uso y presencia dentro de los centros los convierte en fuentes de conflicto debida al control del mercado negro que se genera”, añaden.
Desde ACAIP quieren poner el foco en que «los empleados públicos penitenciarios dedican grandes esfuerzos a su decomiso, a pesar de las dificultades y trabas que las propias instrucciones de la administración imponen al restringir las formas de realizar los cacheos y requisas».
LOS TRUCOS QUE EMPLEAN
La manera en que estos terminales son introducidos y ocultados es muy variada, a veces debido a su reducido tamaño y otras veces gracias al uso de nuevas tecnologías como drones, que pueden realizar entregas “puerta a puerta” de smartphones. Es importante destacar la labor de los trabajadores penitenciarios que localizan estos teléfonos en los lugares más insospechados, como paquetes de galletas o botes de champú, a pesar de la falta estructural de personal.
En su comunicación ACAIP-UGT señala que parte importante del problema radica «en la necesidad de dotar de medios materiales y humanos suficientes para, por un lado, evitar la entrada de teléfonos móviles y, por otro, realizar el control en el interior». Por estos motivos exigen «el correcto funcionamiento de los inhibidores de las prisiones y que se adapten a las nuevas tecnologías. Si limitamos las posibilidades de uso, reducimos la utilidad y evitamos el comercio ilícito».
Lo cierto es que nos encontramos con una tendencia en crecimiento, si atendemos a los datos oficiales que facilita el propio portal de transparencia, así como Instituciones Penitenciarias. Así entre 2017 y 2021 los funcionarios de prisiones se han incautado de 10.275 teléfonos móviles en las cárceles de nuestro país, excepto las de Cataluña y País Vasco, que son las únicas que no dependen del ministerio del Interior. Los casi 3.000 terminales móviles incautados en el año 2023 establecen una cifra récord.
Un problema que se suma a los muchos que se viven en las prisiones españolas y que suponen un punto de fricción de los funcionarios de prisiones con el ministerio del Interior. Entre las reivindicaciones históricas de este sector se encuentran el número de profesionales por cárcel, la falta de psicólogos y médicos así como de medios materiales y, sobre todo, que sean considerados personal de autoridad lo que facilitaría mucho las cosas.
