El Gobierno ha aprobado, por segunda vez, la senda fiscal que establece los objetivos de déficit y deuda pública para las administraciones públicas. Esta decisión se enmarca en el cumplimiento de la Ley de Estabilidad, que exige la presentación de estos objetivos en dos ocasiones.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado que el Ejecutivo mantiene los mismos objetivos de déficit a nivel global y por subsectores, con el fin de dar un mayor margen presupuestario a las comunidades autónomas y ayuntamientos. De esta manera, se busca impulsar el crecimiento económico y reforzar el Estado del Bienestar, reduciendo así las desigualdades.
La senda fiscal propuesta deja el déficit público en el 2,5% en 2025, el 2,1% en 2026 y el 1,8% en 2027. Además, se prevé una reducción de la deuda pública por debajo del 100% al final del periodo, coincidiendo con la reactivación de las reglas fiscales europeas.
El Impacto en CCAA y EELL: Margen de Maniobra y Servicios Públicos
Según los datos presentados, si se aprueban estos objetivos, las comunidades autónomas y ayuntamientos contarían con una mayor capacidad de gasto en áreas clave como sanidad, servicios sociales, educación o dependencia. En concreto, se evitaría un ajuste presupuestario de 11.550 millones de euros para el año 2025.
La ministra de Hacienda ha reiterado la importancia de que el Partido Popular apoye esta senda de estabilidad, ya que beneficia a los territorios donde ellos gobiernan. De lo contrario, el Gobierno se vería obligado a presentar los Presupuestos de 2025 con la senda anterior, lo que supondría una reducción significativa del gasto público en las administraciones autonómicas y locales.
El Techo de Gasto: Un Marco Sólido para la Consolidación Fiscal
Finalmente, el Gobierno ha presentado el límite de gasto no financiero o ‘techo de gasto’, que se establece en 199.171 millones de euros, incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea. Dentro de este techo de gasto, se contempla una transferencia del Estado a la Seguridad Social por importe de 22.881 millones de euros, un 7% más con respecto a los Presupuestos de 2023.
En resumen, la estrategia fiscal del Gobierno se basa en una senda de ajuste responsable que permite un mayor margen de maniobra a las comunidades autónomas y ayuntamientos, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico, reforzar el Estado del Bienestar y reducir las desigualdades. Todo ello, enmarcado en un techo de gasto sólido que garantiza la consolidación fiscal a medio y largo plazo.
