El anuncio del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre la firma de un acuerdo con el Gobierno Canario en materia de política migratoria representa un hecho de gran relevancia en el panorama político y social de España. Este pacto, que consta de nueve puntos clave, busca ser presentado al Gobierno central como una propuesta para desbloquear la complicada situación migratoria que atraviesa el país.
Este acuerdo entre el Partido Popular y el Gobierno Canario representa un importante paso en la búsqueda de soluciones a la crisis migratoria que afecta a España. Con un enfoque integral que abarca tanto la atención a menores migrantes como medidas a nivel nacional, este pacto tiene el potencial de desbloquear una situación que ha sido objeto de intenso debate y controversia en los últimos años. La puesta en marcha de estas propuestas, si son aceptadas por el Gobierno central, podría suponer un avance significativo en la gestión de los flujos migratorios y en la protección de los derechos de los más vulnerables.
Propuestas Clave para Atender a Menores Migrantes
Una de las principales propuestas del acuerdo es la relativa a los menores migrantes no acompañados. Se exige que el Gobierno central asuma la financiación de la atención a estos niños cuando se supere el 100% de la capacidad de una comunidad autónoma, así como la gestión y financiación cuando se rebase el 150% de dicha capacidad. Además, se solicita la convocatoria urgente de conferencias sectoriales para acordar criterios de reparto entre las comunidades autónomas y el Gobierno, y garantizar que ninguna región quede exenta de recibir a estos menores.
Medidas para Abordar la Crisis Migratoria a Nivel Nacional
Más allá de la cuestión de los menores migrantes, el acuerdo también contempla otras medidas de gran envergadura. Entre ellas, destaca la solicitud de declarar la emergencia migratoria nacional, lo que permitiría activar una serie de mecanismos para fortalecer el control de fronteras, como el despliegue de Frontex y de la Oficina Europea de Asilo, así como el aumento del personal dedicado a la tramitación de expedientes de retorno. Adicionalmente, se propone intensificar la acción exterior de España con los países de origen de los flujos migratorios y revisar los flujos de información entre las comunidades autónomas y el Gobierno central.
