El Gobierno de Cantabria ha tomado una posición clara y decidida en defensa del orden constitucional y la igualdad entre todos los españoles. La reciente aprobación de la Ley de Amnistía en Cataluña ha sido vista como un ataque directo a los principios democráticos y al modelo de convivencia que vertebra nuestro país. Ante esta situación, el Ejecutivo autonómico ha presentado un recurso de inconstitucionalidad y ha formalizado la recusación de los principales magistrados del Tribunal Constitucional, con el objetivo de salvaguardar los valores fundamentales de nuestro sistema jurídico.
La Obligación Moral de Actuar para Defender la Constitución
Como Gobierno de Cantabria, tienen la obligación y el deber moral de actuar para defender el orden constitucional y el interés general de todos los ciudadanos. La Ley de Amnistía, aprobada por el Gobierno central a cambio del apoyo de los independentistas, vulnera principios esenciales como la separación de poderes, la seguridad jurídica y la igualdad entre españoles. Según la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, «es un misil en la línea de flotación de nuestra democracia y un grave ataque a nuestro modelo de convivencia ante el que no podemos mirar para otro lado».
Defendiendo la Igualdad y las Oportunidades para Todos los Cántabros
El Gobierno de Cantabria tiene claro que no puede permitir que nadie esté por encima de la ley, ni que se venda España a cambio del poder. Por ello, han decidido recurrir la Ley de Amnistía y recusar a los principales magistrados del Tribunal Constitucional. Para la presidenta regional, esta ley es solo el inicio de una escalada de privilegios y concesiones a los independentistas, que podría culminar con la reivindicación de la autodeterminación. Ante esta situación, el Gobierno de Cantabria se ha comprometido a defender hasta las últimas consecuencias la igualdad de trato, los derechos y las oportunidades de los cántabros en una España constitucional de ciudadanos libres e iguales.
