El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha mostrado «absolutamente tranquilo» ante la posibilidad de ser imputado por un presunto delito de revelación de secretos en el marco de la investigación a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En una atención a medios en Granada, el fiscal general ha rechazado hacer «jurídico-ficción» sobre su posible imputación y ha abogado por ir «paso a paso» y «ver cómo suceden las cosas».
García Ortiz ha expresado «todo el respeto» a lo que «pueda hacer o decir el Tribunal Supremo» en relación a la causa elevada por el TSJM. Asimismo, ha precisado que será la teniente fiscal del Supremo la encargada de la misma, tal y como está previsto para las cuestiones relevantes cuando él no puede intervenir.
La Defensa de la Imparcialidad de la Fiscalía
Por otra parte, el fiscal general ha señalado que ve «con preocupación» la politización de la justicia, opinando que justicia y política «son espacios que deben ser diferentes» aunque confluyan en las sociedades modernas, «no sólo en España sino en todo el mundo».
García Ortiz ha incidido en que la Fiscalía trata «siempre de dar una respuesta jurídica» y se ciñe a un papel de imparcialidad que les exige su estatuto orgánico, «tratando de dar una respuesta sea quien sea el investigado, sea quien sea las personas que puedan ser víctimas o sea cual sea el ámbito de actuación». El fiscal general ha concluido afirmando que «esa es la diferencia entre el interés de la Fiscalía y otros intereses particulares que puede haber, legítimos pero particulares», ya que la Fiscalía «defiende el interés público y no tiene ninguna encomienda en favor de nadie».
El Caso de la Revelación de Secretos
El origen de esta situación se encuentra en la querella presentada por Alberto González Amador, la pareja de Díaz Ayuso, por la difusión de una nota informativa en la que la Fiscalía de Madrid daba cuenta del cruce de correos entre su abogado y el fiscal Julián Salto por el presunto caso de fraude fiscal en el que se le investiga. El fiscal general, Álvaro García Ortiz, asumió la responsabilidad de dicho comunicado.
Fue el pasado 15 de julio cuando el TSJM elevó al Supremo la causa en relación a la querella de González Amador para que decida si imputa a García Ortiz por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por funcionarios.
