La Fiscalía General del Estado (FGE) ha destacado en su Memoria Anual del 2023 un «incremento» en el número de situaciones de «abuso» patrimonial detectadas en el entorno de personas mayores que requieren de algún nivel de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica. Este hallazgo refleja una tendencia preocupante que pone en evidencia la vulnerabilidad de este segmento de la población.
La Fiscalía atribuye este incremento en la detección de estos casos a la «progresiva implantación del protocolo de prevención firmado con tal objeto entre la Fiscalía y las Entidades Bancarias». Este mecanismo de colaboración ha permitido que las fiscalías puedan identificar con mayor eficacia situaciones de «abuso, conflicto de intereses o influencia indebida» en el manejo del patrimonio de personas mayores.
Sin embargo, la Fiscalía también señala que las «principales dificultades» para dar una respuesta ágil y eficaz a estos casos radican en la «falta de medios propios» y en los propios juzgados. Ante esta situación, se ha hecho evidente la necesidad de agilizar los procesos y dotar a las instituciones involucradas de los recursos necesarios para abordar esta problemática de manera oportuna y efectiva.
SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES URGENTES
En aquellos casos en los que exista un «riesgo perentorio» de perjuicio patrimonial, la Fiscalía subraya la importancia de una «ágil tramitación de las diligencias imprescindibles» para fundamentar y presentar, sin dilación, las solicitudes de medidas cautelares de administración urgente.
No obstante, la Fiscalía advierte que en algunos territorios la resolución sobre estas medidas cautelares «se dilata o, incluso, que su finalidad se frustra», cuando el órgano judicial señala una vista con convocatoria de las partes sin adoptar medidas urgentes en un primer momento. Ante esta problemática, se plantea la necesidad de valorar la posibilidad de solicitar de forma motivada y por razones de urgencia, la adopción inaudita parte de la respectiva medida.
COORDINACIÓN CON SERVICIOS PÚBLICOS Y SANITARIOS
Además de abordar la cuestión del abuso patrimonial, la Memoria de la Fiscalía también señala el aumento de casos en los que se ha requerido intervenir para apoyar y salvaguardar a personas de avanzada edad en situaciones de soledad no deseada. En este sentido, las fiscalías subrayan la necesidad de coordinar su actuación con los servicios públicos administrativos competentes en salud y prestaciones sociales, así como de establecer pautas conjuntas «para la correcta delimitación de los ámbitos de actuación de cada institución.
Por otro lado, la Fiscalía también advierte sobre la repetición de episodios «violentos» en el ámbito familiar protagonizados por personas que presentan algún tipo de enfermedad o trastorno que agreden a los familiares que les cuidan. Esta situación se da, según la Fiscalía, «bien por falta de adherencia a los tratamientos para la propia enfermedad o bien por presentar trastornos no diagnosticados, a veces en combinación con consumo de tóxicos».
En resumen, la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado pone de manifiesto una preocupante tendencia al alza en las situaciones de abuso patrimonial contra personas mayores, lo que exige una respuesta integral y coordinada entre las diferentes instituciones y servicios públicos involucrados. La agilización de los procesos, la adopción de medidas cautelares urgentes y la mejora de la coordinación interinstitucional son algunas de las claves para abordar esta problemática y proteger a los segmentos más vulnerables de la sociedad.
