José Luis Ábalos mueve ficha y esta vez en los tribunales para desmontar la auditoría sobre los contratos públicos vinculados al caso Koldo. El informe fue un encargo directo de Óscar Puente, ministro de Transportes, a mediados de febrero y la orden comenzó a ejecutarse a finales de ese mismo. Ábalos avisó que se defendería de este informe en los tribunales, tal y como apuntó el ahora diputado en el Grupo Mixto a MONCLOA.
El primer paso fue apuntalar su argumento de defensa, como que el informe era ilegal e inconstitucional al conculcar derechos fundamentales, como el de defensa. El exministro no está ni imputado ni investigado, pero la Fiscalía Anticorrupción espera un último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para decidir si denuncia a quien fuera número dos del PSOE o bien no ve delito alguno.
El movimiento de Ábalos no ha generado sorpresa en las partes personadas, pues esperaban un movimiento similar tras un informe «sesgado» y con entrevistas a imputados en el caso Koldo, pero sin realizar pregunta alguna ni al propio exministro ni a ningún miembro de su Gabinete, tal y como denunció el señalado en esa auditoría.
EL INFORME DE AUDITORÍA SEÑALA DIRECTAMENTE A ÁBALOS
La subdirectora de Transportes hace hasta 136 referencias a Ábalos, aunque evita nombrarle en todo momento. En lugar del nombre, le identifica como «ministro» o exministro tras realizar una decena de entrevistas a los altos cargos de Adif y Puertos del Estado. Dos de ellos se mantienen aún en el puesto, pese a que han pasado dos semanas desde que Óscar Puente decidió cesarles, manteniéndoles en el puesto seis meses después de que aparezcan en el sumario del caso Koldo o caso PSOE, como se le conoce también.
Ábalos se muestra ahora como perjudicado en el caso Koldo, más cuando no se ha procedido a su imputación, una decisión que debe adoptar el Tribunal Supremo, que debe después pedir la orden al Congreso de los Diputados. Los principales investigados en el caso Koldo son el asesor del Ministerio de Transportes, Koldo García, traído a Madrid por el actual número dos del PSOE, Santos Cerdán.
Entre los investigados también se encuentran los principales beneficiarios de los contratos investigados, como Víctor de Aldama, exasesor de Air Europa (Globalia); y Juan Carlos Cueto. Estos dos últimos estarían tras la cúpula de Soluciones de Gestión, la empresa adjudicataria de los polémicos contratos de Puertos del Estado y Adif por la compra de mascarillas durante los primeros compases de la pandemia.
Ábalos muestra una indefensión manifiesta en el caso. No está investigado, pero continúan «apareciendo informaciones y noticias» que le afectan directamente y de «forma personal».
Más allá del precio o de la solvencia de la entidad, lo que contaba era no incurrir en malversación y que no te estafaran
El escrito se ha enviado al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, mencionando la supuesta auditoría, que Ábalos llegó a definir como un «compliance», un estudio cuyo objetivo es buscar grietas en la contratación de las empresas para evitar casos de corrupción. Este tipo de informes no los puede encargar un Ministerio, sea el que sea, y menos cuando el caso está judicializado, según explicó Ábalos, al ser inconstitucional. De hecho, el Ministerio sería juez y parte en el caso al haber imputados que aún mantienen su puesto de trabajo, a pesar del anuncio de Puente.
ÁBALOS TRATA DE TUMBAR LA AUDITORÍA DE ÓSCAR PUENTE
De hecho, los abogados de Ábalos, contratados en la última semana, apuntan que la auditoría no tiene otro objetivo que perjudicarle, más cuando fue difundida «de forma deliberada», pero no se remitió al juez Ismael Moreno, que investiga el caso Koldo.
«Consideramos que la orden de realizar la ‘auditoría’ que da lugar a dicho informe se produce de forma instrumental, buscando exclusivamente la fijación estanca de responsabilidades en el señor Ábalos», apunta el escrito de la defensa del exministro. Asimismo, Ábalos ha entregado un dictamen pericial para analizar la veracidad y validez del informe del Ministerio de Óscar Puente.
De hecho, la fiscalización de la auditoría podría rozar la ilegalidad al hacer funciones propias del Tribunal de Cuentas, el máximo órgano para escudriñar en las cuentas y contratos públicos dentro de la Administración.
ÁBALOS: NO HUBO MALVERSACIÓN, SE EVITÓ
Para Ábalos, el escrito del Tribunal de Cuentas dejó claro que poco importó el negocio de las empresas antes de acudir a los contratos públicos de las mascarillas. «Ninguna empresa prácticamente de las que al suministrar mascarillas tenía experiencia; se dedicaban a yesos, a refrescos, bebidas alcohólicas, ganado, vino espumoso, prótesis, trajes regionales de Valencia…», apunta el exministro Ábalos cuando se le pregunta sobre los informes de solvencia elaborados por mutuo propio el entonces director Financiero de Adif.
«Más allá del precio o de la solvencia de la entidad, lo que contaba era no incurrir en malversación y que no te estafaran», ha sostenido a preguntas de MONCLOA. «Esa fue la principal inquietud porque fue un mercado de muchos espabilados que te podías estafar en la calidad o en el dinero. ¿Por qué? Porque cobraban por adelantado», ha sostenido.
