En la actualidad, la alimentación escolar se ha convertido en un tema de gran relevancia, no solo por su impacto en la salud de los menores, sino también por su relación con la sostenibilidad y la responsabilidad social. Greenpeace ha lanzado una alerta sobre el cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, destacando que las administraciones se limitan a emitir recomendaciones en vez de implementar medidas efectivas para garantizar la calidad de los menús en los comedores escolares. Esta situación es preocupante, ya que involucra una inversión significativa, que abarca miles de millones de euros en compras alimentarias dirigidas a diversos servicios públicos, incluyendo comedores escolares.
La organización ha llevado a cabo un análisis riguroso de los contratos públicos adjudicados en el período 2018-2022, revelando una alarmante falta de criterios de responsabilidad social y medioambiental en la gestión de los comedores. A medida que aumenta la cifra de usuarios en los comedores escolares, se hace imperativo que las políticas públicas aborden esta problemática de modo integral, priorizando no solo el costo económico, sino también la salud y la sostenibilidad de los alimentos que se ofrecen a los niños.
LA OFERTA ECONÓMICA BAJA PRIORIZA LA CALIDAD BAJA DE LOS MENÚS
En un análisis exhaustivo de los contratos públicos, Greenpeace ha evidenciado que se prioriza la oferta económica más baja en la adjudicación de los servicios de alimentación. Esta práctica ha conducido a la creación de menús que, en muchos casos, son calificados como «baratos, insanos e insostenibles». Las grandes empresas de catering han podido aprovecharse de este sistema, obteniendo más del 50% de las adjudicaciones a costa de sacrificar la calidad nutricional y la sostenibilidad ambiental de los alimentos servidos.
A pesar de que la normativa establece la necesidad de incorporar criterios ambientales en los pliegos de condiciones de estos contratos, muchas veces, estos criterios no se aplican adecuadamente. Esto resulta en situaciones donde se permiten distancias de hasta 300 kilómetros entre los centros educativos y las cocinas centrales, lo que incrementa la huella de carbono de los alimentos. Así, se genera un ciclo donde el interés por la rentabilidad económica termina por prevalecer sobre la salud de los estudiantes y el medio ambiente.
Además, la falta de criterios claros sobre lo que constituye un plato saludable y sostenible complica aún más la situación. En muchos contratos, no se especifican condiciones para la inclusión de alimentos ecológicos o de proximidad, lo que resulta en menús que no solo son insatisfactorios a nivel nutricional, sino que también contribuyen a la degradación ambiental. Esta realidad exige un cambio en la forma en que se gestionan y contratan estos servicios.
LAS ADMINISTRACIONES DEBEN GARANTIZAR NORMAS RESPONSABLES
Para que la alimentación escolar mejore, es fundamental que las Administraciones asuman un papel proactivo en el cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público. Esta ley obliga la incorporación de criterios de responsabilidad social y medioambiental en todos los contratos relacionados con los comedores. Greenpeace destaca la urgencia de que se impulsen prácticas de contratación pública sostenible que no solo beneficien a las grandes corporaciones, sino que también prioricen la salud y el bienestar de los menores.
El compromiso de promover la alimentos sostenibles y locales es crucial. Fomentar la utilización de productos de proximidad no solo asegura dietas más saludables para los niños, sino que también puede ayudar a potenciar la economía local y preservar el medio de vida de los agricultores ecológicos de la región. Integrar estos principios en la gestión de los comedores puede crear un impacto positivo a varios niveles, desde la nutrición hasta la sostenibilidad económica y ambiental.
La elaboración de un Real Decreto por parte del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, orientado a fomentar una alimentación saludable en los centros educativos, ofrece una oportunidad en esta dirección. Este decreto podría ser un hito para incidir en el proceso de contratación de servicios de restauración colectiva, promoviendo un cambio estructural en la calidad de los menús y contribuyendo a construir un sistema alimentario más justo y sostenible.
UN CAMINO HACIA UNA ALIMENTACIÓN ESCOLAR MÁS SOSTENIBLE
Ante la situación crítica que se presenta en los comedores escolares, es imperativo reflexionar sobre las políticas actuales y su impacto a largo plazo. Las administraciones tienen la responsabilidad de adoptar medidas que garanticen la calidad de los menús, no solo desde un punto de vista económico, sino también atendiendo a la salud pública y al medio ambiente. La colaboración entre organismos gubernamentales, organizaciones sociales y la comunidad educativa es esencial para alcanzar un modelo de alimentación que sea no solo accesible, sino que también fomente hábitos alimentarios saludables y sostenibles.
El llamado de Greenpeace resuena como una oportunidad para que todas las partes interesadas se comprometan a realizar cambios significativos. Implementar un sistema de contratación que garantice la inclusión de alimentos de calidad puede contribuir a mejorar la salud de generaciones enteras. La alimentación escolar debe ser considerada una prioridad en las políticas públicas, ya que de ello depende el futuro bienestar de la población joven.
Con un enfoque renovado hacia la sostenibilidad y la responsabilidad social, las administraciones pueden transformar los comedores escolares en un espacio de oportunidades que, lejos de ser simplemente un servicio, se convierta en un modelo a seguir en la promoción de un futuro más saludable y responsable.
