jueves, 21 noviembre 2024

Asturias aplaude la intención de Sánchez de poner fin a la carrera de rebajas fiscales y aumentar los recursos para todas las CCAA

En un momento de creciente preocupación por las desigualdades y la necesidad de una distribución más justa de la riqueza, el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas se han embarcado en un diálogo fundamental sobre la reforma del modelo de financiación autonómica. Guillermo Peláez, consejero de Hacienda y Fondos Europeos del Principado de Asturias, ha expresado su visión sobre este proceso, destacando la importancia de una armonización fiscal que permita a todas las regiones tener más recursos y abordar con mayor eficacia los retos de la desigualdad y la redistribución.

Las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que plantea poner fin a la «carrera de rebajas fiscales» entre comunidades, han sido recibidas con cautela pero optimismo por el consejero asturiano. Peláez considera que esta iniciativa va en línea con la posición que el Principado de Asturias ha venido defendiendo, enfatizando la necesidad de una negociación multilateral y un trabajo técnico y discreto que permita a los expertos diseñar una reforma efectiva.

UNA NECESARIA ARMONIZACIÓN FISCAL

Desde el Principado de Asturias, Peláez ha señalado que se lleva tiempo defendiendo una armonización, especialmente en los tributos que gravan la riqueza. Esta propuesta, según el consejero, busca generar más recursos y mejorar la desigualdad y la redistribución de la renta y la riqueza. La idea es que una mayor armonización fiscal entre las comunidades autónomas contribuya a reducir las asimetrías y garantizar una mayor equidad en el sistema.

Peláez ha criticado la incoherencia de algunos territorios gobernados por el Partido Popular, que reclaman más recursos y, al mismo tiempo, anuncian rebajas fiscales a las grandes rentas y grandes patrimonios. Desde la perspectiva del Principado de Asturias, esta estrategia no se alinea con el objetivo de una distribución más justa de la riqueza.

HACIA UNA REFORMA NEGOCIADA Y TÉCNICA

El consejero de Hacienda y Fondos Europeos del Principado de Asturias ha valorado positivamente la intención de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de iniciar negociaciones «discretas» con las comunidades autónomas para llevar a cabo la reforma del modelo de financiación. Peláez considera que esta negociación multilateral, que involucre a todos los territorios, es fundamental para alcanzar un acuerdo sólido y duradero.

Asimismo, el consejero ha resaltado la importancia de un trabajo técnico y discreto, fuera del foco mediático, que permita a los expertos analizar a fondo los desafíos y diseñar soluciones efectivas. Según Peláez, la reforma del modelo de financiación autonómica es una tarea ardua y técnica que requiere de este tipo de abordaje tranquilo y minucioso.

UNA OPORTUNIDAD PARA UNA DISTRIBUCIÓN MÁS JUSTA

La propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica representa una oportunidad histórica para abordar los desequilibrios y promover una distribución más justa de los recursos. Desde el Principado de Asturias, Guillermo Peláez ha destacado la necesidad de una armonización fiscal, especialmente en lo que respecta a los tributos que gravan la riqueza, como un elemento clave para generar más recursos y avanzar hacia una mayor igualdad.

El consejero ha reconocido la cautela con la que se deben recibir las declaraciones del presidente Sánchez, pero ha expresado optimismo ante la posibilidad de que se imponga la perspectiva que el Principado de Asturias ha defendido durante mucho tiempo. Una negociación multilateral y un abordaje técnico y discreto serán fundamentales para diseñar una reforma que beneficie a todas las comunidades y contribuya a reducir las brechas de desigualdad.

En definitiva, la reforma del modelo de financiación autonómica se perfila como una oportunidad clave para avanzar hacia una distribución más equitativa de la riqueza, fortaleciendo el papel de las regiones en este proceso y logrando una armonización fiscal que permita a todas las comunidades contar con más recursos para abordar los desafíos sociales y económicos de sus territorios.