Nicolás Maduro ha apuntalado su dictadura en Venezuela tras 37 días de represión contra la oposición. El fraude electoral se ha cometido saltándose toda la normativa legal, desde la ocultación de las actas electorales hasta su publicación agregada en la Gaceta Oficial del país. La ley de Venezuela exige la publicación de las actas dentro de las primeras 48 horas desde el cierre de las urnas, es decir, como muy tarde debían haberse comunicado el 30 de julio.
No obstante, el régimen dictatorial afirmó que no pudo realizarse por un supuesto ataque informático desde Macedonia del Norte, a pesar de que el país ha negado cualquier vinculación y ninguna agencia ha detectado un ataque de tal magnitud. La ley estipula que los resultados electorales agregados debían haberse publicado como muy tarde el pasado 28 de agosto en el boletín oficial del Estado, pero tampoco se ha producido. De hecho, la última actualización corresponde al pasado 21 de agosto.
Por medio, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela avaló el resultado manipulado del Consejo Nacional Electoral, que poco menos utilizó los porcentajes para calcular los votos, ofreciendo datos de votos con decimales si se realizaba la operación inversa. El fraude se cometió al ofrecer datos con una simple regla de tres, algo inaudito hasta ahora en la narcodictadura.
EL PSOE SOLO ASUME LA FALTA DE LAS ACTAS
Ante esta situación, el PSOE de Pedro Sánchez calla, como también en Sumar y en su confluencia catalana. Ninguno de los tres partidos reconoce a Maduro como vencedor, pero tampoco muestran un mínimo apoyo a la oposición, duramente reprimida hasta el punto de ordenar la propia fiscalía bolivariana la detención del principal candidato y ganador de las elecciones, Edmundo González Urrutia.
Por el momento, ningún país reconoce la victoria de Maduro y son pocos quienes muestran un apoyo explícito a González Urrutia. El Gobierno de España se sitúa en un perfil equidistante, hasta el punto de esquivar preguntas directas, como han hecho Patxi López, al remitirse directamente a un comunicado del Ministerio de Exteriores, o Gerardo Pisarello, la mano derecha de Ada Colau en el Congreso de los Diputados.
Ninguno se muestra a favor de Maduro, pero tampoco exigen el cese de la represión política contra la disicencia. Hasta ahora, han muerto 25 personas y hay más de 2.200 presos, entre los que se encuentran casi todos los miembros del gabinete jurídico de Edmundo González y María Corina Machado, así como sus correspondientes jefes de comunicación.
El silencio de la UE también es estruendoso al permitir con su inacción que Nicolás Maduro instaure una dictadura represiva sin traba alguna. Mientras EE UU ha aprobado sanciones y las está ejecutando, la UE no es más que una mera observadora de la situación, donde el monopolio de la violencia solo parte desde el Palacio de Miraflores.
La represión de Maduro ha llegado a tal nivel que socios prioritarios en Latinoamérica, como Colombia y Brasil, se han bajado del carro del chavismo, mientras México trata de mantener un perfil bajo para evitar mayores tensiones, pero todos los pasos de AMLO son para defender al dictador.
LA FISCALÍA, EL BRAZO EJECUTOR DE MADURO
La Fiscalía venezolana ha ordenado la detención de Edmundo González Urrutia por cometer supuestos delitos de usurpación de funciones, falsedad de documentos públicos, instigación a la desobediencia de las leyes, conspiración, daños a sistema y asociación. Todo por mostrar las actas en manos de la oposición y que el régimen se niega a comparar por una razón sencilla: no tiene cómo afrontar la situación ni cómo manipular las actas.
Edmundo González podría acabar como han acabado los líderes de la oposición desde 2013, desde Henríque Capriles a Juan Guaidó, pero esta vez es diferente. González ha asegurado que irá «hasta el final». No obstante, el premio gordo, la pieza más codiciada, continúa siendo María Corina Machado, inhabilitada por el propio régimen de Maduro para evitar tener que enfrentarse a ella. Por ahora, Maduro pone a prueba a la comunidad internacional y esta no responde por ahora a la llamada de auxilio de la oposición.
