El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha expresado su apoyo a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. García Martín considera que González Amador está «utilizando bien sus propios recursos para defenderse de aquellos que le atacan y que tratan de enfangar el terreno del juego precisamente para tratar de erosionar la figura» de la dirigente madrileña.
Según el ‘número dos’ del Ejecutivo regional, el Gobierno central «está haciendo un uso de la maquinaria del Estado, está haciendo un uso de todos los resortes que tiene a su alcance para tratar de atacar, no de ayudar, a los particulares, a los ciudadanos». En este contexto, García Martín ha señalado que González Amador está ejerciendo su «derecho a defenderse y defender su derecho al honor y a la presunción de inocencia» a través de las querellas interpuestas contra miembros del PSOE y Más Madrid, a quienes acusa de difamación.
El Derecho a Defenderse
Las querellas presentadas por Alberto González Amador buscan proteger su imagen y reputación, que considera han sido «erosionadas» por los ataques de la oposición política. Según el consejero García Martín, González Amador tiene «todo el derecho» a presentar estas acciones legales, ya que se trata de un «ciudadano» que está ejerciendo su legítimo derecho a la defensa.
La postura del Gobierno regional es clara: respaldan la decisión de González Amador de recurrir a la justicia para salvaguardar su honor y contrarrestar lo que consideran una campaña de desprestigio en su contra. Desde la perspectiva de la Comunidad de Madrid, estas querellas son un mecanismo válido y necesario para proteger a un ciudadano que se siente injustamente atacado.
La Acusación de Uso Político de los Recursos del Estado
Además, el consejero García Martín ha acusado al Gobierno central de «hacer un uso de la maquinaria del Estado» y de «todos los resortes que tiene a su alcance» para atacar a los ciudadanos, en lugar de ayudarlos. Esta postura refleja una percepción de que el Ejecutivo nacional estaría utilizando sus herramientas y capacidades de manera sesgada y con fines políticos, en detrimento de los intereses de los madrileños.
La defensa de Alberto González Amador y la crítica al supuesto uso indebido de los recursos estatales por parte del Gobierno central se enmarcan en un contexto de tensión y desencuentros entre las administraciones autonómica y nacional, lo que añade un elemento de confrontación política a este caso.
