En un giro dramático en la política local de la Comunidad Valenciana, las autoridades han detenido a un concejal del municipio de Alfara del Patriarca por supuestos actos de acoso y amenazas contra su ex pareja sentimental. Este incidente ha desatado una reacción enérgica por parte de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quien ha instado al Partido Popular a enfrentar de manera contundente este tipo de comportamientos inaceptables en la esfera pública.
La delegada del Gobierno ha declarado que el Partido Socialista (PSOE) se muestra «absolutamente contundente» ante cualquier caso de violencia o acoso contra una pareja o ex pareja. Bernabé ha señalado que el PSOE exige que se actúe «en consecuencia» cuando surgen este tipo de situaciones, reafirmando su compromiso inquebrantable con la erradicación de la violencia de género.
La Respuesta del Partido Popular Bajo Escrutinio
Ante el arresto del concejal, que se presentó en las listas del Partido Popular (PP), Bernabé ha instado a esta formación política a «mirarse a sí misma» y a actuar «en consecuencia», recordando que el PP «exige muchas veces» a otros partidos medidas drásticas en casos similares. Esta declaración pone en evidencia la expectativa de que el PP tome un posicionamiento claro y adopte medidas decisivas para abordar este tipo de conductas inapropiadas en sus filas.
El Equipo de Gobierno Condena Firmemente los Hechos
Por su parte, el equipo de gobierno de Alfara del Patriarca, conformado por el PSPV y Compromís, ha emitido una condena firme y ha expresado su solidaridad con la víctima. Consideran que estos comportamientos «no tienen cabida en nuestra sociedad» y deben ser «señalados y rechazados siempre, de manera contundente». En consonancia con esta posición, el equipo de gobierno ha solicitado la dimisión del concejal investigado hasta que se aclare la situación a través del proceso judicial.
Este incidente pone de manifiesto la gravedad de los casos de acoso y violencia de género en el ámbito político, y subraya la necesidad urgente de que los partidos políticos adopten medidas firmes y una tolerancia cero ante este tipo de comportamientos, independientemente de la filiación política de los implicados. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser la piedra angular en la lucha contra la violencia de género en la esfera pública, para así preservar la integridad y la confianza de la ciudadanía en sus representantes.
