El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado que su Ejecutivo iniciará un proceso jurídico contra el Estado por la situación de «abandono» que considera que se vive en las islas en materia migratoria. Clavijo ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de no asumir sus responsabilidades en esta crisis, dejando a Canarias sola para afrontar el problema.
En una entrevista, Clavijo ha asegurado que Canarias «tomará decisiones» y que «si no hay lealtad y compromiso, el Gobierno de Canarias va a ponerse en su sitio». La situación actual, según el presidente canario, ha llegado a un punto crítico, donde la emergencia se ha convertido en la norma. Para reclamar una solución, el Ejecutivo canario se encuentra inmerso en un debate jurídico con el Gobierno de España.
Canarias reclama la intervención del Estado en la crisis migratoria
El gobierno canario argumenta que Canarias ha respondido a la crisis migratoria con responsabilidad, atendiendo tanto a los mayores, brindándoles asistencia sanitaria, como a los menores, asumiendo su tutela. Sin embargo, considera que esta respuesta ha sido ante una situación de emergencia y que la responsabilidad de la tutela de los menores no debe recaer sobre la comunidad autónoma.
Canarias ha invertido más de 150 millones de euros en «política migratoria que no es competencia de la comunidad autónoma». El presidente Clavijo ha reclamado la intervención del Estado en esta crisis, incluyendo la concreción de un acuerdo para ubicar a los menores en el resto del territorio nacional. Esta medida permitiría a Canarias recuperar la normalidad en los recursos de atención a menores, que actualmente superan el 200% de su capacidad.
La situación de saturación en los centros de atención a menores ha generado una presión adicional sobre el gobierno canario. Se ha denunciado que el Gobierno central ha ejercido «presiones y amenazas» sobre algunas ONG que atienden a los menores para que continúen acogiéndolos a pesar de la saturación.
Canarias busca una solución justa y un reparto de responsabilidades
El gobierno canario considera que la situación actual es insostenible y reclama una solución justa y un reparto de responsabilidades. Ante la falta de acuerdo, se ha planteado la posibilidad de tomar «otras medidas» para hacer frente a la situación.
La decisión de iniciar un proceso jurídico contra el Estado evidencia la gravedad de la situación y el descontento del gobierno canario con la respuesta del Gobierno central. Clavijo ha dejado claro que la lealtad y el compromiso son elementos cruciales para la resolución de esta crisis migratoria. Canarias espera que el Estado asuma sus responsabilidades y trabaje de manera conjunta para buscar una solución que atienda las necesidades de las islas y de los migrantes que llegan a sus costas.
