La entrada de la empresa saudí STC en el capital de Telefónica ha generado una gran expectación en el sector y ha despertado la atención del Gobierno español. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha reiterado la postura del Ejecutivo: se mantiene abierto a la inversión extranjera, pero priorizando la defensa del interés estratégico de los sectores económicos españoles.
Este enfoque se refleja en la reciente negativa del Gobierno a la OPA de Talgo por parte de la empresa húngara Magyar Vagon, una decisión que se enmarca dentro de una «doctrina europea» que busca preservar la autonomía estratégica de las empresas clave.
La Inversión de STC en Telefónica: Un Movimiento con Repercusiones
La compra del 9,9% del capital de Telefónica por parte de STC, realizada en septiembre de 2023, ha causado un importante impacto en la composición accionarial de la compañía. Esta operación, valorada en 2.100 millones de euros, incluye un 4,9% en acciones directas y un 5% en derivados financieros.
Para hacer efectivo este último porcentaje, STC deberá presentar al Ejecutivo español una carta con detalles sobre sus intenciones en la operadora. En ella se deberán especificar cuestiones como la posibilidad de obtener un asiento en el consejo de administración de Telefónica.
El Gobierno Reforzó su Presencia en Telefónica: Controlando la Estrategia
La irrupción de STC en el capital de Telefónica ha impulsado una serie de cambios en la composición accionarial de la compañía. En respuesta a la entrada de la empresa saudí, el Estado español adquirió un 10% de las acciones de Telefónica a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Asimismo, CriteriaCaixa, el brazo inversor de la CaixaBank, aumentó su participación en la empresa hasta el 9,9%, con la intención de elevarla al 10,1%. Este escenario ha permitido al Gobierno español obtener un asiento en el consejo de administración de Telefónica, con la entrada de Carlos Ocaña Orbis.
La presencia del Gobierno en el máximo órgano de decisión de la empresa busca asegurar que las decisiones estratégicas de Telefónica se ajusten a los intereses del país, especialmente en un contexto geopolítico marcado por la creciente competencia internacional.
