La auditoría de Óscar Puente, actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, a la gestión del ex ministro José Luis Ábalos durante la pandemia en la compra de mascarillas a Soluciones de Gestión, lo que provocó la imputación de su principal asesor Koldo García, no deja en buen lugar a quienes ejecutaron esas compras, que fueron los organismos públicos Puertos del Estado y ADIF. Sobre la compra de 5 millones de mascarillas ejecutada por Adif la auditoría explica que «en esta segunda orden ministerial, ni siquiera se incluyen destinatarios concretos de esos 5 millones de mascarillas».
El informe ha provocado la reacción del ahora diputado del grupo mixto José Luis Ábalos que incluso sopesa denunciar a Óscar Puente por esta auditoría. De momento, las acusaciones del Caso Koldo ya han pedido que declare Puente en calidad de testigo. Si el juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, instructor del Caso Koldo, encontrase algún indicio de delito la causa deberá enviarse al Tribunal Supremo para que investigue a Ábalos, ya que su condición de diputado también le hace aforado ante la justicia ordinaria. Tras la publicación del informe Puente cesó al subsecretario de Transportes, Jesús Gómez y al jefe de Personal de Adif, Michaux Miranda. Ambos están llamados a declarar en septiembre en el Caso Koldo.
El documento que vio la luz hace unas semanas deja claro que en la justificación del «objeto de la emergencia», es decir, la compra de las mascarillas sin someterlas al largo proceso de concursos públicos. El documento afirma que «no se encuentra ningún estudio o análisis de necesidades que venga a justificar la adquisición de 5 millones más de mascarillas (después de los 8 adquiridos por Puertos del Estado) solo 6 días después de la aprobación de la primera orden, en la que además se había decidido comprar el doble de mascarillas de las que se habían considerado necesarias inicialmente en base a los estudios realizados en el Ministerio».
Sólo seis días antes el MITMA de Ábalos había encargado a Puertos del Estado (PdE) la compra de 8 millones de mascarillas a Puertos del Estado (PdE) para distribuir entre los diferentes organismos del Ministerio que dirigía.
«PUDO SER EL PROPIO MINISTRO», QUIEN DIERA LA ORDEN DE COMPRA, DIJO EL SUBSECRETARIO CESADO
Durante las entrevistas que mantuvo la inspectora del ministerio para realizar la auditoría, el subsecretario de Transportes «a la pregunta sobre los motivos para aprobar una nueva orden ministerial de adquisición y distribución de 5 millones de mascarillas», respondió que «no recuerda quien decidió que fueran 5 millones, pudo ser el propio Ministro», que «no sabían qué necesidades había (después de la primera orden) y por eso no se entraba en el reparto», también que se compraron otros 5 millones «en previsión de…» y que «cuando se aprobó la Orden no sabía qué necesidades había». En relación a la misma pregunta «el entonces DGOI señala en su entrevista que el pareció «una cantidad razonable».
Pero «además, en esta segunda Orden ministerial ni siquiera se incluyen destinatarios concretos de estos 5 millones de mascarillas». En este mismo asunto, los comentarios del Director General de Gestión de Personas de Adif, Michaux Miranda, al borrador de la orden ministerial en los que se señala precisamente la ausencia de destinatarios en la Orden, que «no se establecen, estaba más claro en la anterior Orden». En el momento de la aprobación de esta Orden ni siquiera se conocía el resultado del suministro derivado de la primera, pues ni siquiera había aterrizado el primer avión con las mascarillas adquiridas por PdE».
ÁBALOS EN CONTRA DE LA AUDITORÍA
La inspectora concluye que «»dicha identificación de destinatarios concretos, así como la asignación a los mismos de mascarillas, no se realizó hasta el 24 de abril, mediante la resolución del Subsecretario del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), por lo que se concreta el reparto de la segunda adquisición y distribución de mascarillas por parte del MITMA, en la que se concretó el reparto de los 5 millones de mascarillas».
Es decir, que «la necesidad se concretó casi un mes después de haber utilizado la tramitación de emergencia, pues la Orden se publica en el BOE de 27 de marzo de 2020 y los destinatarios se deciden el 24 de abril», según refleja el documento.
Tras publicarse el contenido del informe José Luis Ábalos, entonces ministro al cargo del MITMA y apartado del grupo socialista cuando estalló el escándalo del caso Koldo, censuró el documento al afirmar que «más que un informe o una auditoría, parece un tribunal de honor, que está prohibido por la Constitución», manifestó en una entrevista en televisión y añadió que no esperaba eso de su partido y que meditaría el apoyo incondicional que venía prestando a las propuestas socialistas en el Congreso de los Diputados.
LIBERUM RECLAMA UNA INVESTIGACIÓN
De momento, la asociación Liberum, que ejerce de acusación popular en el ‘caso Koldo’, ha solicitado a la Audiencia Nacional que investigue el destino de estos ocho millones de mascarillas adquiridas a la empresa Soluciones de Gestión, epicentro de la presunta trama de corrupción.
En un escrito dirigido al juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa, Ismael Moreno, la asociación quiere que se esclarezca si el material sanitario fue extraviado o no se registró debidamente, o incluso si fue revendido «en un mercado con una gran demanda mundial en aquel momento», principios de pandemia.
Liberum da este paso a raíz de que el ministerio de Transportes publicara esta auditoría interna, cuyo contenido está narrando MONCLOA estos días que encargó sobre el caso, tras la cual «queda evidenciado el desconocimiento del destino final de 8 millones de mascarillas», señala. La asociación sostiene que hay un importe aproximado de 20 millones de euros de dinero público en mascarillas «sin que se acredite la entrega y/o distribución a su destinatario final».
