José Luis Ábalos, exministro de Transportes, atiende la llamada de MONCLOA.com tras la polémica auditoría publicada por Óscar Puente, ministro de Transportes, a raíz de los contratos de Puertos del Estado y Adif en marzo de 2020, en lo más duro de la pandemia.
El documento ha encendido las alarmas en el PSOE, así como movilizado al propio Ábalos para buscar asesoramiento jurídico con el fin de tomar acciones judiciales contra el propio ministro de Transportes. El exministro Ábalos no elude ninguna cuestión y arroja luz sobre algunas de las dudas que no logra despejar el informe de Puente, realizado por el propio Ministerio de Transportes, a pesar de la investigación judicial en marcha.
«Es como si la Agencia Tributaria abriera un expediente a una persona investigada por fraude fiscal. Del todo ilegal», apunta sobre la auditoría, que él mismo define como un «compliance», es decir, realizar una estrategia de contratación para evitar que el Ministerio pudiera incurrir un delito. Pero antes, vayamos por partes.
UN MOMENTO PERSONAL DIFÍCIL PARA ÁBALOS
La primera pregunta a Ábalos se centra a nivel personal: ¿Cómo se encuentra? «No es difícil hacerse una idea», responde antes de explicar la «difícil» situación que atraviesa el también diputado del Grupo Mixto en el Congreso. «Es difícil, en todo, a nivel personal por lo menos», puntualiza. En este sentido, considera que llega a su último mandato, que defenderá a capa y espada. Ábalos pone en valor la empatía ante el ataque emprendido desde el Ministerio de Óscar Puente, que encargó a una subdirectora de Transportes.
En cuanto a la auditoría en sí, Ábalos se muestra tajante. «No es una auditoría. Es un compliance», insiste en varias ocasiones durante la conversación telefónica mantenida con este medio. Además, apunta que «está muy mal hecho» y segundo que no puede realizarse semejante trabajo «con una investigación penal en curso». Se han conculcado el derecho a defensa y el derecho al honor, destaca.
En este sentido, pone de manifiesto que «es una investigación con un proceso penal en curso». Ábalos, además, deja claro no debió realizarse. «Es desde todo punto de vista inoportuno e ilegal», ha advertido. Preguntado sobre si tomará medidas legales al respecto, el exministro y diputado deja la puerta abierta: «Me han llamado numerosos abogados afirmando que es un caso ganado de antemano, pero la mayoría solo busca notoriedad».
EL CONTRAATAQUE JUDICIAL DE ÁBALOS
Entre las posibles acusaciones, Ábalos apunta a la indefensión y a la pérdida de la tutela efectiva judicial. «Si quieres hacer una investigación, tienes que pedir autorización al juez porque es el mismo objeto de investigación», ha sostenido. «Tendrías que pedir autorización o al menos comunicación para ver si el proceso siga o no», ha indicado en un claro pulso con Óscar Puente, quien dio orden de realizar el examen a los contratos de Puertos del Estado y Adif investigados ahora por la Audiencia Nacional.
Ábalos no se esconde ni tampoco se muerde la lengua a la hora de responder al ordenante del informe y su hasta ahora partido, el PSOE. A su juicio, se trata de una «causa general» contra él. Según desliza, el informe de la supuesta auditoría le señala directamente a él para apartarle del escaño, pero tras 50 años en política, cada ataque le hace más fuerte.
En su defensa, cabe recordar que Ábalos no fue imputado ni ha estado investigado por los contratos de Puertos del Estado y Adif durante lo más duro de la pandemia, tampoco nadie de su Gabinete. Solo su asesor, el que presentó Santos Cerdán, número 3 y secretario de Organización del PSOE, hace años en Ferraz. La comunicación con Cerdán y con sus ahora excompañeros es prácticamente nula. «No hay», indica. Tan solo una persona fuera de la dirección del partido es la única interlocutora y lo hace únicamente por el interés de sus votaciones.
FUERON INTERROGATORIOS; ES UN COMPLIANCE
Ábalos insiste en que la auditoría es solo una herramienta más en esta ‘caza al diputado’, un documento realizado ‘ad hoc’ con un orden y un objetivo muy concreto. «No se hacen entrevistas. Fueron interrogatorios», destaca. Como ejemplo de ello pone de manifiesto uno de los párrafos del informe.
«Preguntado el Director General de Gestión de Personas sobre por qué se hizo el estudio financiero o de solvencia únicamente de las empresas Soluciones de Gestión e Injoo Technology y, en concreto, sobre si alguien le indicó que esas eran las dos únicas empresas a analizar, su primera respuesta fue clara: «No». Pero planteando la pregunta de otra manera, su segunda respuesta fue menos tajante: «No me consta». Incidiendo en la pregunta, su respuesta final fue: «Me consta que hubo llamadas del ministerio. Me lo comentó el Secretario General», apunta.
INVESTIGADOS SIN PRESENCIA DE SUS ABOGADOS EN LOS INTERROGATORIOS
De quien se habla es de Michaux Miranda Paniagua, investigado en la causa y cesado por Óscar Puente. De haber conocido que este informe hubiera acabado en sede judicial, en la Audiencia Nacional, Miranda Paniagua y el resto de imputados en el caso Koldo. «Todos ellos tendrían que haber estado acompañados de un letrado», ha sostenido el exministro. Todos ellos debían conocer el por qué se les sometió a ese «interrogatorio» y que «sus respuestas iban a ser publicadas». «En ese caso, quizá no hubieran declarado o bien lo hubieran hecho con un abogado presente», ha explicado.
«No son entrevistas, son interrogatorios», sostiene y reitera Ábalos. «No tienen ninguna garantía por procedimiento, porque tampoco hay posibilidad de contradicción», ha apuntado.
La auditoría, desgranada por este medio, no sigue ningún criterio a la hora de realizarse, tampoco muestra en sus conclusiones las propias de un estudio de esas características, pero sí de un compliance, donde se dan recomendaciones para mejorar los mecanismos de control y evitar incurrir en delitos, como la malversación.
LA GESTIÓN DE ÁBALOS: BLOQUEAR LOS FONDOS HASTA LA LLEGADA DE PEDIDOS
En este sentido, Ábalos defiende su gestión en un momento de crisis sanitaria, con un caos total y con la emergencia de conseguir material sanitario cuando nadie lo lograba. «Fuimos el primer Ministerio en traer mascarillas, antes que Sanidad y antes que Interior», puntualiza. «Bloqueamos los pagos hasta la entrega del pedido, cuando el resto de Ministerios lo hizo aportando de antemano el 50% del contrato», ha puntualizado.
«¿Qué mayor prueba de solvencia es obligar a las empresas adjudicatarias que pagar las mascarillas en origen antes que pagarles un solo euro?», ha sostenido en respuesta a una parte de la auditoría, donde un alto ejecutivo de Adif realizó por su cuenta informes de solvencia sobre Soluciones de Gestión e Injoo Technology, definiendo a la primera como una empresa de «chicha y nabo». «Tenían el dinero bloqueado, trajeron las mascarillas, hicieron el contrato a un precio inferior al que se estaba pagando en ese momento…» «Qué más pruebas de solvencia se necesitan», indica.
En ese momento, suelta la bomba. «Por qué no se ha realizado la misma auditoría a los Ministerios de Interior y de Sanidad», pilotados por Fernando Grande-Marlaska y Salvador Illa, respectivamente, en el momento de la compras. «El Ministerio de Sanidad tiene dos denuncias abiertas por estos contratos. Dónde está la auditoría», reflexiona.
EN SANIDAD HUBO DEVOLUCIÓN DE MATERIAL DEFECTUOSO
En este sentido, recuerda que en determinados Ministerios y Administraciones se tuvo que devolver material defectuoso. «En Sanidad hubo devolución de material», recuerda. De ahí que indique el objetivo de esta auditoría no tiene otra intencionalidad que su cabeza. «Pagamos un precio inferior al resto y no arriesgamos nada en los contratos», ha sostenido.
«La mayor inquietud era el cumplimiento, pero sin incurrir en delito alguno. No hubo riesgos con empresas que no sabíamos si iban a entregar o no el pedido, se bloqueó el dinero hasta su entrega», explica. ¿Pueden otros decir lo mismo?
De vuelta a la auditoría o «compliance», como lo define el exministro, Ábalos ve notables diferencias entre ambos términos. «La auditoría tiene que ver con los controles en la gestión. Y aquí lo que se busca es incriminar», ha sostenido. El «compliance» tiene que hacerlo una «entidad independiente, objetiva, pero no una administrativa sometida a la jerarquía del ministro (Puente) que es el que la ha encargado». «Qué va a hacer el funcionario», indica.
LA AUDITORA ENMIENDA LAS RECOMENDACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
Del informe podría concluirse una usurpación de funciones que tendría única y exclusivamente el Tribunal de Cuentas, al ser el máximo órgano fiscalizador de la Administración Pública. «Por qué se enmiendan en sus conclusiones recomendaciones del propio Tribunal de Cuentas», se pregunta el exministro.
Con las irregularidades detectadas en el informe encargado por Óscar Puente, Ábalos destaca que el objetivo es «es realizar una manipulación de ese relato y decir en un titular que Ábalos duplicó el precio de las mascarillas». «Eso es mentira. En todo caso duplicaría la cantidad, pero el precio no», ha comentado. «O decir que en 38 minutos se cambió una orden», cuando eran comunicaciones entre directivos y funcionarios de Adif y Puertos del Estado.
«Yo no redacto una orden ministerial, a mí me la dan y la firmo», sostiene. En este sentido, defiende que la contratación de Soluciones de Gestión fue legal. Las ofertas no tenían el problema en la solvencia, sino en si eran capaces de realizar el pedido en un momento en el que las personas morían y con una gran improvisación en la gestión, como los primeros 15 días del estado de alarma, «que todo el Gobierno sabía que se iban a prorrogar».
