La reciente decisión del Tribunal Supremo de rebajar la pena de un condenado por violación en Granada ha desatado una ola de críticas hacia el Gobierno, que es acusado de ineficacia en la defensa de los derechos de las mujeres. La vicesecretaria de Igualdad y Conciliación del Partido Popular, Ana Alós, ha sido una de las voces más fuertes en este debate, denunciando el «mayor retroceso de igualdad en la democracia» que supone la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley del «solo sí es sí».
Esta polémica ley, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, ha sido señalada como una de las principales causas de la rebaja de la pena en el caso de Granada. La decisión del Tribunal Supremo de confirmar el auto de la Audiencia Provincial, que redujo la condena en cinco años, ha generado una gran indignación entre los defensores de los derechos de las mujeres.
La Ineficacia del Gobierno en la Defensa de las Mujeres
Alós ha sido contundente en sus críticas al Gobierno, afirmando que esta situación «demuestra la ineficacia total de este Gobierno ‘tan feminista’ a la hora de defender a las mujeres. La dirigente popular ha señalado que la ley del «solo sí es sí» es «el mayor retroceso de igualdad en la democracia» y que «solo sirve para desproteger a las víctimas».
Esta ley, que entró en vigor en octubre de 2022, ha sido objeto de intensos debates y críticas desde su aprobación. Uno de los principales puntos de controversia ha sido la posibilidad de que algunos condenados por delitos sexuales puedan ver sus penas rebajadas debido a la aplicación retroactiva de la nueva normativa.
El Caso de Granada y la Rebaja de la Pena
En el caso específico de Granada, el Tribunal Supremo ha confirmado el auto de la Audiencia Provincial que redujo la pena de un hombre condenado por agresión sexual. Según la sentencia, el acusado, tras robar a la víctima en plena calle, la empujó «contra un vehículo aparcado» y procedió a besarla y tocarla para luego consumar el delito.
La Audiencia de Granada, en su sentencia original de 2015, había impuesto una pena de doce años de prisión al acusado. Sin embargo, tras la entrada en vigor de la ley del «solo sí es sí», la pena ha sido reducida en cinco años, lo que ha generado una gran indignación entre los defensores de los derechos de las mujeres.
Este caso pone de manifiesto las preocupaciones expresadas por Alós y otros críticos de la ley, quienes consideran que su aplicación puede suponer un retroceso en la lucha por la igualdad de género y la protección de las víctimas de delitos sexuales.
