Cuatro millones de mascarillas de los ocho millones que el ministerio de José Luis Ábalos compró por 20 millones de euros a la trama Koldo en marzo de 2020 no quedaron registrados como recibidos en dependencias del Ministerio de Transportes (MITMA). Así se refleja en el informe de auditoría encargado por el ministro Óscar Puente en febrero de 2024 tras el escándalo con las detenciones de Koldo García, ex asesor del ministro Ábalos, y de varios empresarios ligados supuestamente a la trama de la compra de mascarillas durante la pandemia del Covid.
«En relación con el control de entrega de 4 millones de mascarillas con destino al transporte terrestre y empleados del MITMA (…).No hay constancia documental de la entrega de mascarillas por parte de Raminatrans al MITMA en su sede de Madrid», recoge la auditoría realizada por el actual ministerio de Óscar Puente y presentada el pasado lunes en el Senado.
La inspectora que realizó el extenso informe de 89 folios que se dio a conocer hace unos días es clara cuando explica que «del análisis de la documentación se comprueba que existe toda una variedad de actas de recepción por los destinatarios de las mascarillas. Algunas correctas, con firma identificada, fecha, incluso sello del organismo/entidad/órgano. Pero en otras no hay firma, sólo un sello, un trazado manuscrito o, directamente, no figura nada».
Es cierto que el contexto de la pandemia en sus comienzos dejaba poco a los formalismos y mucho a la improvisación y así es admitido en el citado documento, pero también aclara que «en la auditoría se ha considerado como criterio mínimo, mucho más laxo que el que en puridad administrativa correspondería, el considerar como acta todo aquel documento en el que figure, al menos, un sello o rúbrica que pudieran entenderse fuera del receptor».
ÁBALOS ORDENÓ DOBLAR EL PEDIDO
Luego recoge el número de mascarillas que cumplirían estos requisitos. «En relación con el control de entrega de los 4 millones de mascarillas con destino a las entidades del sector público en el ámbito de transporte terrestre: con acta de entrega acreditada, 1.138.194 mascarillas, que suponen 2.888.167,28€ y sin acreditar documentalmente su recepción, 2.861.806 mascarillas, equivalentes a 7.262.832,73€».
Hay que recordar que inicialmente el pedido realizado a Soluciones de Gestión era de 4 millones de mascarillas y que en poco más de media hora se dobló a 8 millones de unidades por orden del ministro Ábalos. Estos otros 4 millones fueron destinados a «transporte terrestre y empleados del MITMA». La entrega de esta cantidad, según estipuló Puertos del Estado -comprador de todas las mascarillas- debía de hacerse «a través de la empresa Raminatrans, al ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se le enviará a su sede institucional en Madrid» y a «las asociaciones representativas y entidades públicas con competencia en el ámbito del transporte terrestre de viajeros y de mercancías, para su posterior distribución a los trabajadores que prestan estos servicios, según el procedimiento que determine el ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana».
«TAMPOCO HAY CONSTANCIA DOCUMENTAL DE ENTREGA DE MASCARILLAS A LAS ASOCIACIONES REPRESENTATIVAS Y ENTIDADES PÚBLICAS»
Pero la sorpresa llega cuando la inspección refleja que «no hay constancia documental de la entrega de mascarillas por parte de Raminatrans al MITMA en su sede de Madrid. Tampoco hay constancia documental de entrega de mascarillas a las asociaciones representativas y entidades públicas con competencia en el ámbito del transporte terrestre de viajeros y de mercancías, para su posterior distribución a los trabajadores que prestan estos servicios».
Pero la inspección no se quedó en la anécdota, siguió indagando y realizó entrevistas: «de las entrevistas realizadas, en ningún momento se determinó, respecto a estos 4 millones de mascarillas, qué número sería para distribuir en el ámbito del transporte terrestre y qué número sería entregado al ministerio para su personal».
CUSTODIADAS POR KOLDO GARCÍA
El documento también incluye testimonios de las entrevistas. «El Oficial Mayor del Departamento ha indicado que, del primer vuelo que aterrizó en la madrugada del 28 de marzo, el MITMA recibió un lote de 10.000 mascarillas, de las que, si bien no hay acta de recepción, si hay datos de su posterior distribución dentro del MITMA. El entonces DGOI, el Oficial Mayor y el jefe de Servicio de Régimen Interior coinciden en indicar que (…) llevó al MITMA dos palés con unas 25.000 mascarillas, de lo que tampoco hay acta de recepción. Este lote, indican los entrevistados, fue custodiado por el entonces Asesor del Ministro y por el Subteniente de la Guardia Civil (…) bajo llave en un almacén del ministerio y retirado por ellos en un momento posterior, sin que tampoco conste documentación de la retirada, aunque sí conocimiento oficioso para los entrevistados».
La inspección recoge que sí «constan correos electrónicos de la empresa de logística Raminatrans informando a Puertos del Estado de que el entonces Asesor del Ministro (Koldo) les daba instrucciones directas desde el aeropuerto de Barajas del destino de las mascarillas cuando aterrizó el primer avión, como si fuera el órgano de contratación».
La auditoría continúa recogiendo que «hay constancia documental de recepción de mascarillas por el Ingesa (Sanidad), 386.000 unidades y por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (75.000 unidades)» y añade que «no consta que ninguno de estos organismos abonase posteriormente sus mascarillas, lo que supone que el coste de estas 462.000 mascarillas, que equivalen en términos económicos a 1.174.123€, fuera asumido por el MITMA».
La investigación desveló que cuatro años más tarde «en el sótano de este ministerio quedan unas 238.840 mascarillas, y en el almacén existente en Azuqueca de Henares, unas 206.000 mascarillas, que en términos económicos suponen (en su conjunto) 1.128.559€».
Tras publicarse el contenido del informe José Luis Ábalos, entonces ministro al cargo del MITMA y apartado del grupo socialista cuando estalló el escándalo del caso Koldo, censuró el informe al afirmar que «más que un informe o una auditoría, parece un tribunal de honor, que está prohibido por la Constitución», manifestó en una entrevista en televisión y añadió que no esperaba eso de su partido y que pensaría el apoyo incondicional que venía prestando a las propuestas socialistas en el Congreso de los Diputados.
LIBERUM RECLAMA UNA INVESTIGACIÓN
De momento, la asociación Liberum, que ejerce de acusación popular en el ‘caso Koldo’, ha solicitado a la Audiencia Nacional que investigue el destino de estos ocho millones de mascarillas adquiridas a la empresa Soluciones de Gestión, epicentro de la presunta trama de corrupción.
En un escrito dirigido al juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa, Ismael Moreno, la asociación quiere que se esclarezca si el material sanitario fue extraviado o no se registró debidamente, o incluso si fue revendido «en un mercado con una gran demanda mundial en aquel momento», principios de pandemia.
Liberum da este paso a raíz de que el ministerio de Transportes publicara esta auditoría interna, cuyo contenido está narrando MONCLOA estos días que encargó sobre el caso, tras la cual «queda evidenciado el desconocimiento del destino final de 8 millones de mascarillas», señala. La asociación sostiene que hay un importe aproximado de 20 millones de euros de dinero público en mascarillas «sin que se acredite la entrega y/o distribución a su destinatario final».
