El juez Juan Carlos Peinado tomará buena cuenta de las cuatro testificales claves en el caso Begoña Gómez. Una vez se produzcan, el tiempo comenzará a correr en contra de la instrucción ante la imposibilidad de poder prorrogarla más allá de septiembre, a no ser que haya una razón de peso para ello. Esta cuestión será crucial tras los registros a la vivienda y a una empresa de Juan Carlos Barrabés, el empresario y amigo de la esposa de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, e imputado en la causa por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Tal y como se han llevado las pesquisas, la acusación tiene claras las vinculaciones entre el caso Begoña Gómez, caso Koldo y del hermano de Pedro Sanchez, unos nexos que amenazan a ministros, como Reyes Maroto, por los contratos otorgados a Globalia y su estrecha vinculación con la mujer del presidente del Gobierno, tal y como expone la tercera ampliación de la querella de HazteOír, a la que tuvo acceso este medio. El contrato otorgado a una de las sociedades de Barrabés fue modificado en 21 ocasiones y solo prorrogado a su empresa, denegando esta opción al resto de licitadoras.
«Buscan cerrar la instrucción lo antes posible, pero irá para largo», han considerado fuentes de la acusación popular en el caso Begoña Gómez. «Será más larga vistos los acontecimientos», ha apuntado en declaraciones a MONCLOA. Y es que, la estrategia reside en conectar los tres casos de corrupción que acechan a la cúpula del PSOE y su familia y para ello hay que «hilar muy fino». «No tenemos prisa por pedir imputaciones o nuevas testificales», han sostenido.
Por el momento, en el caso Begoña Gómez hay tres imputados y dos vías para abrir juicio. Por un lado, a Barrabés y Gómez se suma el tercero en liza, el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache Goñi, investigado por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El máximo directivo de la universidad madrileña pasó de testigo a investigado tras su declaración para justificar la creación de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC), que se apalabró y cerró en un despacho de La Moncloa tras una reunión en plena pandemia, en julio de 2020.
LA CÁTEDRA DE BEGOÑA GÓMEZ AMENAZA AL RECTOR DE LA UCM
Para esa cátedra, Begoña Gómez alcanzó un acuerdo con Reale Seguros y la Fundación La Caixa, cuyos firmantes de las actas pasarán este lunes por el Juzgado 41 de Madrid. Ambas sociedades, además, ha retirado su patrocinio de estos estudios, por lo que la mujer de Pedro Sánchez se quedará sin poder dar clase, como también un directivo de la empresa de Barrabés, Javier Ciprés, cuya testifical se espera como agua de mayo. La última testigo es Leticia Lauffer, exconsejera delegada de Wakalua, filial de Globalia, empresa cuyo nombre se repite en los convenios firmados por Begoña Gómez y en el caso Koldo.
La defensa de Begoña Gómez y el abogado de Pedro Sánchez han tratado de parar los pies al juez Peinado con una querella por prevaricación, pero su recurso tendrá que esperar al mes de septiembre para ser respondido por la Audiencia Provincial de Madrid. Aunque el juez Peinado puede recurrir dicho escrito, en el momento en el que se admita a trámite debe apartarse del caso y ser reemplazado por otro de sus colegas de profesión, pero en ningún caso quiere decir que el caso se desvanezca. El nuevo juez estudiará las pruebas, hechos y escritos de cada parte para decidir si mantiene o no las acusaciones.
El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid indaga en todos los negocios emprendidos por Begoña Gómez desde 2018 y para la defensa se trata de una «investigación prospectiva», es decir, profundizar en la vida personal y profesional de la mujer del presidente del Gobierno con la esperanza de encontrar algún delito. Para Begoña Gómez, este delito no solo supone prevaricación, sino también revelación de secretos.
Esta semana comenzará con la testifical de Leticia Lauffer. HazteOír amplió su querella contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hasta en tres ocasiones por las adjudicaciones obtenidas por el grupo Barrabés y la propia Begoña Gómez. Los vínculos, además se extienden al entonces CEO de Globalia, Javier Hidalgo, a la la Organización Mundial del Turismo y la Universidad Complutense de Madrid.
BEGOÑA GÓMEZ Y LAUFFER, SIN CONTACTO
Fue con la segunda ampliación de la querella de HazteOír, a la que tuvo acceso MONCLOA, cuando se indagó en la presunta vinculación de Wakalua, filial de Globalia, con Begoña Gómez y el hub de innovación turística relacionado con la OMT, que recibió en 2022 la cesión de su sede en Madrid por los próximos 75 años.
Wakalua tenía como objeto la formación de un hub de innovación turística, según confirmó Leticia Lauffer, entonces directora de la firma del grupo Globalia, en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. La directiva llegó a confirmar entonces al menos dos reuniones con Begoña Gómez en la sede de Globalia con Javier Hidalgo. Ambos encuentros profesionales se realizaron en plena pandemia y confinamiento, entre junio y julio de 2020, justo cuando la esposa del presidente del Gobierno comenzó los preparativos de la cátedra extraordinaria sobre Transformación Social Competitiva (TSC).
Los frutos de dichos encuentros fueron después visibles, como así admitió el también imputado Joaquín Goyache Goñi, rector de la Complutense, que no solo concertó la cátedra con Begoña Gómez en los despachos de La Moncloa, sino que la promocionó semanas antes en el I Congreso de Transformación Social Competitiva, un evento de la mujer de Pedro Sánchez. por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
