El Govern balear delega en el Grupo Popular la decisión de apoyar o no la continuidad de Le Senne (Vox) en el Parlament

El Govern balear ha dejado claro que no intervendrá en la decisión que el Partido Popular tome en el Parlament con respecto a la continuidad de Gabriel Le Senne como presidente de la Cámara. Esta cuestión, que ha generado gran controversia, será abordada en un pleno extraordinario convocado para el próximo 3 de septiembre.

La controversia surge a raíz de un incidente con una fotografía de Aurora Picornell, víctima del franquismo, que ha tensado las relaciones entre los partidos políticos. El Govern, por su parte, se ha desvinculado de la decisión que se tome en el Parlament, afirmando que se trata de un asunto que deben resolver los grupos parlamentarios.

El Govern Resalta la Autonomía del Parlament

Antònia Estarellas, consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, ha sido la encargada de transmitir la postura del Govern. En una rueda de prensa posterior al Consell de Govern, Estarellas ha subrayado que el Ejecutivo ya se ha pronunciado en contra de los hechos ocurridos y que ahora la decisión corresponde a los grupos parlamentarios. «Son temas de los grupos, de los apoyos parlamentarios y de la gobernabilidad de la Cámara», ha insistido la consellera.

Esta postura del Govern pone de manifiesto el respeto a la separación de poderes y la autonomía del Parlament. Asimismo, recuerda que el Ejecutivo ya cuenta con unos presupuestos aprobados, lo que subraya la importancia de que la Cámara siga funcionando con normalidad.

La Indemnización a Juan Antonio Serra Ferrer Genera Debate

En otro orden de cosas, la consellera Estarellas también se ha referido a la indemnización de poco más de 2.000 euros que recibió el exdirector general Juan Antonio Serra Ferrer tras ser cesado por una acusación de agresión sexual. Estarellas ha explicado que la indemnización se ajustó a la legalidad vigente, aunque ha admitido que «otra cosa sería la valoración ética» de la misma.

Este caso ha reavivado el debate sobre la idoneidad de las indemnizaciones a altos cargos públicos cesados por escándalos de este tipo. La ciudadanía exige una reflexión profunda sobre la ética en la administración pública y la responsabilidad de los cargos políticos.