Castilla y León enfrenta una situación crítica en la acogida de menores migrantes y critica las imposiciones gubernamentales

La comunidad autónoma de Castilla y León se ha posicionado como una tierra de acogida para los menores migrantes no acompañados, demostrando su solidaridad y compromiso con el resto de las regiones de España. Sin embargo, el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha advertido que la capacidad de la comunidad para atender a esta población está «casi saturada».

Fernández Carriedo ha explicado que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, mantiene conversaciones habituales con otros presidentes autonómicos, como el de Canarias, Fernando Clavijo, quien ha afirmado que Galicia y Castilla y León se han ofrecido para acoger a más menores. Esto demuestra el espíritu de solidaridad y colaboración que impera entre las comunidades autónomas ante esta situación.

Exigencias al Gobierno Central

Sin embargo, el portavoz de la Junta ha reclamado al Gobierno central que ejerza sus competencias en materia migratoria, lejos de las «imposiciones» que, a su juicio, propone el Ejecutivo. Fernández Carriedo ha señalado que Castilla y León ha cumplido con los acuerdos establecidos en 2021, acogiendo a 200 menores migrantes no acompañados, lo que «casi satura» la capacidad de la comunidad.

El portavoz ha exigido que cualquier nuevo acuerdo se realice a través de los pactos alcanzados en la Conferencia Sectorial, y no por la «vía de la imposición». Además, ha reclamado que el Gobierno de España tome medidas en materia migratoria, como la colaboración con los países de origen, el control de las fronteras y la coordinación con la Unión Europea para establecer mecanismos que regulen esta situación.

Colaboración y Recursos Necesarios

A pesar de la presión que enfrenta, Castilla y León ha demostrado su voluntad de colaborar y contribuir a la solución de este desafío. Sin embargo, Fernández Carriedo ha insistido en que el Gobierno central debe aportar los recursos económicos comprometidos y ejercer sus competencias en esta materia.

El portavoz ha calificado este asunto como «un problema muy serio» y ha hecho un llamamiento al Ejecutivo central para que asuma su responsabilidad y trabaje en coordinación con las comunidades autónomas para hacer frente a esta situación de una manera efectiva y solidaria.