Las cifras oficiales arrojan un alarmante deterioro de la sanidad penitenciaria. Según el portal de Transparencia, el número de facultativos para atender a los casi 50.000 reclusos que conviven en cárceles de fuera de Cataluña y País Vasco se ha reducido un 50% en una década, hasta los 169 médicos. Si se atiende al número de médicos que debieran ejercer en las cárceles, la caída es aún mayor, del 67%.
A juicio del sindicato mayoritario de prisiones, ACAIP-UGT, las cárceles tendría que tener al menos 517 sanitarios, pero la ratio es de tan solo 7 facultativos por cada 2.000 presos, una cifra que contrasta con los 13 que se registraron en 2014 por cada 2.000 presos.
Los datos, además, muestran un alarmante aumento de incidentes y agresiones al personal, a pesar de una menor población reclusa aumentan los incidentes. Hay muchos factores que intervienen en este incremento, siendo el déficit de atención sanitaria uno de los principales exponentes.
LAS AGRESIONES SE DISPARAN EN LAS CÁRCELES
En 2023, las agresiones a trabajadores cada 1000 internos subieron a 10,79 por cada 1.000 internos, mientras que las agresiones entre internos se dispararon hasta las 108. Estos datos reflejan que las agresiones a trabajadores penitenciarios por cada 1000 internos han aumentado en un 53,49% y las agresiones entre presos por cada 1000 se han incrementado en un 26,27%.
«Es innegable que la situación requiere un análisis muy profundo y cambios en la gestión de los centros penitenciarios para atajar esta escalada de conflictividad y plantear soluciones a la sanidad penitenciaria», afirman.
Este déficit de atención primaria en las prisiones conlleva un «aumento del número de salidas para asistencia sanitaria en el exterior, las cuales consumen gran cantidad de recursos ya que, para realizarla, es necesaria la coordinación de la prisión con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los servicios sanitarios». En este sentido, se debe asegurar tanto el traslado como el tiempo de permanencia en el hospital asignado, lo que conlleva a su vez la priorización de «esta atención frente a la de la población en general, independientemente de la gravedad de la misma».
RIESGO DE FUGA POR FALTA DE MÉDICOS EN LAS CÁRCELES
«No podemos obviar los problemas de seguridad que ocasiona cada salida de internos al exterior, sobre todo de aquellos que buscan servirse de esta circunstancia para intentar la fuga. Ejemplos de esto los hemos visto en Salamanca en marzo o en Cantabria en junio», han señalado desde el sindicato.
La falta de médicos en las cárceles también se traduce en problemas internos en las prisiones dado que el 30% de la población reclusa «sufre algún tipo de patología mental y existe un elevado número de enfermedades crónicas como el VIH, la diabetes o la hepatitis», afirma el sindicato. «La ausencia de una atención adecuada provoca incidentes regimentales e incumplimiento de sanciones al no poder ser evaluada la situación clínica del reo por la falta de médico», destaca en el informe.
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Ante esta alarmante situación, los representantes de los funcionarios de prisiones han pedido soluciones «tanto desde la administración central como desde las distintas autonomías». No obstante, las autonomías tenían que haber asumido las competencias sanitarias de prisiones desde el 2003, pero ninguna de ellas, a excepción de Cataluña, País Vasco y Navarra, se han acogido a la norma.
UNA NORMATIVA DE HACE 20 AÑOS PARA ASUMIR COMPETENCIAS
«Los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud», apunta la normativa vigente desde hace 20 años, pero no se han asumido dichas competencias, con las excepciones descritas.
Según el informe, basado en datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial, las cárceles españolas tenían 38 subdirectores médicos y 333 médicos o jefes de servicio, para un total de 371 facultativos. En 2024, los datos muestran una población reclusa menor, de 48.763 reos para 21 subdirectores médicos y 148 médicos o jefes de servicio, con un total de 169. El dato mostrado hace saltar todas las alarmas situando la ratio médico/interno en 3,46 facultativos por cada 1000 presos.
En este sentido, «no se trata solo de la atención médica al recluso, sino que los médicos intervienen en muchos aspectos regimentales y de tratamiento de las personas privadas de libertad». La ausencia de médicos impide, además, la detección precoz de enfermedades mentales que muchas veces se manifiestan tras la agresión a un trabajador o a otro interno. Esta carencia de servicios sanitarios también provoca alteración del orden regimental porque muchos presos no ven atendidas sus necesidades.
