Los bloques conservador y progresista se enzarzan en una dura guerra por el control del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aún sin presidente desde su renovación del pasado mes de julio. Tras reuniones maratonianas durante este mes de agosto, los jueces que componen el órgano de los jueces se han dado cita para el 2 de septiembre en vez de tratar de alcanzar un consenso sobre su presidente lo antes posible.
El año judicial amenaza así con una apertura sin una cabeza visible al frente del CGPJ, como tampoco en el Tribunal Supremo. Los progresistas se niegan que sea una persona de consenso, mientras exigen el nombramiento de una mujer antes que a Pablo Lucas, un hombre que había generado consenso en el pasado, pero Pedro Sánchez exige que sea una mujer quien dé la cara, pero ella sería Teresa Teso, muy afín al sanchismo, pero aún más a Cándido Conde-Pumpido.
La excusa de los miembros del CGPJ es que haya paridad con la presidencia del órgano de gobierno de los jueces, pero la ley no establece en ningún caso estas cuotas al frente del CGPJ y del Supremo. De hecho, solo lo establece en los consejos, pero no con la presidencia.
TERESA TESO NO GENERA CONSENSO
«Los méritos de Teso son intachables, pero el problema reside en que es descaradamente una ferviente seguidora del presidente del Constitucional y su parcialidad es manifiesta», aseguraron fuentes judiciales consultadas por MONCLOA. Para evitar una nueva politización, y especialmente en la Justicia, «se busca un nombre de consenso».
La sucesión en el CGPJ abre también otros debates intensos. El órgano de Gobierno de los jueces se ha negado a reprochar los ataques de miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez, como hizo la semana pasada Óscar Puente, ministro de Transportes, junto a Félix Bolaños, ministro de Justicia, protagonista, además, de una pifia antológica.
DIVISIÓN POR EL RECHAZO A LOS ATAQUES DE ÓSCAR PUENTE
Diez de los 20 miembros del CGPJ consideran que estos ataques de miembros del Gobierno «exceden de lo que es el legítimo uso de la libertad de expresión y de las críticas moderadas y racionales a las resoluciones judiciales, siempre susceptibles de impugnación por los cauces legales dispuestos al efecto». Se trata de José Antonio Montero, Esther Rojo, Pilar Jiménez, Eduardo Martínez, Gema Espinosa, José Luis Costa, José María Páez, Alejandro Abascal, Carlos Orga e Isabel Revuelta.
Según Puente, el Tribunal Supremo «se extralimita al interpretar una ley». Lo dijo sobre la no aplicación de la ley de amnistía para Carles Puigdemont. «!– /wp:paragraph –>
LOS PROGRESISTAS DEL CGPJ, EN BLOQUE CONTRA LA DEFENSA DEL SUPREMO
Para los otros diez miembros del CGPJ, estas declaraciones no merecen rechazo alguno, rompiendo así la unanimidad creada desde la aprobación de la ley de amnistía. En noviembre del pasado año, el Pleno aprobó una declaración institucional contra la amnistía que negocian el PSOE, Sumar, ERC y Junts para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, un primer pronunciamiento en el que denuncia que, de aprobarse una ley en ese sentido, supondría «la abolición» del Estado de Derecho en España.
«El Consejo General del Poder Judicial expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de Derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España», alertó.
El Pleno del CGPJ, además, trató de alcanzar un acuerdo a inicios de agosto para irse de vacaciones con un acuerdo para escoger al presidente. Fueron 72 horas sin pacto alguno y con posiciones prácticamente enfrentadas. La exigencia de poner a Teresa Teso al frente contrastaba con un perfil más judicial que político. El 5 de agosto se acordó que la siguiente reunión debía ser para alcanzar acuerdos. Para tapar la guerra interna se ha dado a conocer un pacto de 112 puntos en relación con asuntos considerados urgentes e inaplazables, y que no podían esperar siquiera a la designación, precisamente, del nuevo presidente.
La mayoría de los acuerdos aprobados están relacionados con el régimen jurídico de jueces y magistrados, tales como excedencias voluntarias para el cuidado de hijos, reingreso al servicio activo en la Carrera Judicial, solicitudes de inclusión en planes anuales de sustitución, licencias por asuntos propios, por estudios relacionados con la función judicial o por enfermedad, solicitudes de compatibilidad, jubilaciones o prolongaciones en el servicio activo.
ACUERDOS EN MATERIA DE OFICINA JUDICIAL
De igual forma, este lunes también se han aprobado acuerdos en materia de Planta y Oficina Judicial, relaciones internacionales, formación continua y formación inicial o recursos.
Además, el Pleno ha acordado garantizar, durante este periodo transitorio, la presencia del Consejo General del Poder Judicial en los comités de crisis sobre violencia de género que puedan convocarse por parte del Ministerio de Igualdad y de otros órganos.
Esta reunión se ha celebrado de conformidad con lo señalado por el informe solicitado al Gabinete Técnico sobre las posibilidades de actuación del órgano de gobierno de los jueces hasta la elección y toma de posesión de su presidente. Tal y como se establecía en el documento, la inclusión en el orden del día de esos asuntos se ha producido por unanimidad de los miembros del Pleno, que también han aprobado por unanimidad todos los acuerdos.
