El caso del hermano de Pedro Sánchez da un polémico e inesperado giro con un supuesto informe La Agencia Tributaria. El informe debía dar respuesta a cuatro preguntas muy concretas de la juez del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, sobre la situación fiscal de David Sánchez Pérez-Castejón, más conocido por su nombre artístico David Azagra.
La juez Biedma planteó la siguiente cuestión a la Agencia Tributaria: «Si el obligado tributario mencionado ha sido objeto de alguna actividad de inspección o de control, bien por la naturaleza de la actividad que desarrolla (personal de alta dirección) o por su residencia fiscal en el extranjero en el caso de que la tuviere, al hallarse dicha finalidad de ‘control de los residentes fiscales’, expresamente incluida en el plan de control tributario del 2024.
La Agencia Tributaria, cuya máxima responsable es la ministra de Hacienda y número dos del PSOE, María Jesús Montero, respondió a las preguntas con un escrito de 31 páginas, a las que ha tenido acceso MONCLOA.com, pero sin identificar ni al funcionario que ha elaborado dicho informe, como tampoco el sello ni el membrete como tampoco el departamento adscrito a la respuesta. Se trata de una anomalía y no es nada habitual en este tipo de casos.
UN PLAN DE CONTROL TRIBUTARIO QUE NO FUNCIONÓ CON DAVID SÁNCHEZ
El supuesto informe entregado por la Agencia Tributaria a la juez Biedma apunta en su respuesta que en 2024 se aprobaron las «directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero», un protocolo de actuación impuesto por una resolución de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En ellas se hace referencia a «las actuaciones inspectoras relacionadas con personas físicas no residentes en los términos que se reproducen a continuación».
Asimismo, en lo referente al análisis patrimonial y el control de patrimonios relevantes, un hecho clave en el caso de David Azagra o el caso del hermano de Pedro Sánchez dado que su patrimonio se disparó en 6,5 veces en 2023 respecto a 2022, el fisco apuntó: «La experiencia acumulada ha permitido poner de manifiesto la existencia de conductas extremadamente lesivas para los intereses de la Hacienda Pública relacionadas con la simulación de la residencia fiscal fuera del territorio español, especialmente en casos de personas físicas, con la principal finalidad de obtener una tributación efectiva inferior a la debida».
«Se trata de obligados tributarios que, residiendo de hecho en España, sitúan ficticiamente su residencia en otros territorios, señaladamente de baja tributación», destacó el supuesto escrito de la Agencia Tributaria, que al no estar identificado con nombre y apellidos ha despertado las sospechas de la acusación popular, dirigida por Manos Limpias. De hecho, el sindicato ha instado a la juez a pedir su identificación y que pueda testificar en la causa sobre dicho informe.
ACTUACIONES DE LA AGENCIA TRIBUTARIA CON UNA IRREGULARIDAD
«Las actuaciones sobre esta irregularidad que se han venido realizando exigen un importante esfuerzo de investigación a través de las declaraciones informativas, la documentación que se esté requiriendo y las herramientas que permitan analizar y trabajar esta información, facilitando la selección y comprobación de estos obligados tributarios», apuntó la Agencia Tributaria.
De hecho, en este mismo ejercicio, el fisco ha intensificado los controles sobre «la regularidad de las rentas obtenidas por los obligados tributarios no residentes, así como sobre aquellas figuras impositivas que gravan la tenencia o la transmisión del patrimonio de los mismos, ya sea esta última a título oneroso o lucrativo, y todo ello sin perjuicio de las funciones que correspondan a los órganos que tienen atribuidas las competencias inspectoras».
Este Plan Parcial de Control de Inspección Financiera y Tributaria «da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 170 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio (RGAT)».
Tras continuar con el plan de actuación de la Agencia Tributaria sobre los no residentes, «siendo prioritario el desarrollo de actuaciones de investigación sobre aquellas conductas de fraude fiscal más complejo, sofisticado y organizado, que generan operativas de alta opacidad».
LA AGENCIA TRIBUTARIA NO REALIZÓ NI UNA COMPROBACIÓN AL HERMANO DE PEDRO SÁNCHEZ
«A la fecha de este informe no ha finalizado la delimitación del Plan de Control Tributario de 2024, sin que hasta este momento se hayan llevado a cabo actuaciones de comprobación cerca de don David Sánchez Pérez-Castejón», afirma la conclusión de la Agencia Tributaria. Además, la frase tiene una mayor trascendencia debido a que el informe del fisco no contiene ninguna fecha de elaboración. Por este motivo no se puede conocer cuándo se realizó, si finalmente se hizo, la delimitación del plan antifraude por parte de la Agencia Tributaria.
Eso sí y a tenor de «un análisis de los datos obrantes en las bases de datos de la Agencia Tributaria lleva a concluir lo siguiente.
«Si Don David Sánchez Pérez-Castejón fuera residente fiscal en España, debería tributar en España por el IRPF por su renta mundial», afirma el escrito presentado. En este caso, «se han calculado las cuotas tributarias que resultarían de gravar por este impuesto los rendimientos que constan en las bases de datos de la Agencia Tributaria».
EL FISCO, FAVORABLE A LA DEVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS EN EL CASO DEL HERMANO DE PEDRO SÁNCHEZ
«Paralelamente, procedería la devolución de los ingresos efectuados en los ejercicios 2021, 2022 y 2023 por el IRNR en el modelo 210, así como de las retenciones soportadas por este impuesto en los ejercicios 2022 y 2023», apunta dicho informe.
De esta forma, la Agencia Tributaria afirma que el hermano de Pedro Sánchez se habría ahorrado el pago de 691,31 euros en 2021, otros 333,72 en 2022 y hubiera tenido que abonar 2.072,04 euros en 2023. Choca, además, que en el escrito no aparezca el año 2020. La Agencia Tributaria razona lo siguiente al respecto: «En los cálculos anteriores no se han tenido en cuenta las circunstancias personales ni familiares de don David distintas de las del ejercicio 2020, las cuales podrían reducir las cuotas a ingresar señaladas».
Además, el informe de la Agencia Tributaria no aclara por escrito si las cantidades negativas o positivas son a devolver o a pagar por el contribuyente.
En caso de que David Sánchez Pérez-Castejón, hermano de Pedro Sánchez, «fuera residente fiscal en otro Estado, debería tributar en España por el IRNR por las rentas obtenidas en aquí», afirma el informe. Cabe destacar que David Pérez percibió la mayor parte de sus ingresos en España, se autodeclaró como contribuyente en Portugal y el fisco no realizó comprobación alguna.
LOS CÁLCULOS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA EN EL CASO DEL HERMANO DE PEDRO SÁNCHEZ
En este caso, «procedería la devolución de las retenciones soportadas en los ejercicios 2021, 2022 y 2023 por el IRPF en los modelos 190, 187 y 193», según indica el informe de la Agencia Tributaria, que mostró en un cuadro la relación de los importes de las cuotas tributarias por el IRNR que resultarían de gravar por este impuestos los rendimientos que consstan en las bases de datos de la Agencia Tributaria, que se han obtenido en España, así como las cantidades retenidas por IRPF que habría que devolver.
A la vista de los resultados de ambas hipótesis, «calculados siempre a partir de la información de que dispone la Agencia Tributaria a la fecha de realización de este informe -completamente desconocida- y la que acompaña al oficio remitido por ese juzgado, cabe concluir que «no se aprecian las circunstancias de riesgo fiscal que prevé el Plan Anual de Control Tributario, ya que en los ejercicios 2021 y 2022 la posible tributación del obligado por IRPF arrojaría un saldo a devolver».
«Debe señalarse que el plazo para autoliquidar el ejercicio 2023 ha finalizado el pasado día 1 de julio, encontrándose en este momento la Agencia Tributaria procediendo a la primera fase de calificación de las declaraciones previa al inicio de cualquier actuación de control», según concluye.
