La dependencia en Andalucía se enfrenta a un desafío sin precedentes debido a la reciente reforma del Real Decreto 1051/2013, impulsada en julio de 2023 por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Esta modificación, que incrementa las ayudas a la dependencia y las horas de ayuda a domicilio, ha generado un agujero financiero de más de 205 millones de euros en la comunidad autónoma. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha manifestado su preocupación ante esta situación, advirtiendo que estas mejoras no vienen acompañadas de la financiación necesaria para su implementación efectiva.
El problema radica en la disparidad entre las promesas y la realidad económica. López señala que se está creando un deseo que probablemente se verá frustrado, ya que no se puede legislar «a golpe de resultado electoral». La consejera ha subrayado que ningún gobierno español ha cumplido con el compromiso de financiar el 50% de la ley de dependencia, lo que pone en evidencia la brecha entre las intenciones políticas y la capacidad real de ejecución. Esta situación no solo afecta a Andalucía, sino que refleja un problema sistémico en la gestión de la dependencia a nivel nacional.
Desigualdades territoriales y retos en la implementación
La cuestión de la financiación de la dependencia ha puesto de manifiesto las desigualdades territoriales existentes en España. López ha criticado que se hayan firmado acuerdos de financiación del 50% con comunidades como el País Vasco y Cataluña, pero no con Andalucía. Esta disparidad en el trato ha llevado a la consejera a cuestionar si el gobierno central considera a las personas dependientes de algunas regiones como «de primera» y a las andaluzas como «de segunda», haciendo referencia a los intereses políticos que pueden estar influyendo en estas decisiones.
La infrafinanciación del sistema de dependencia andaluz, considerado el más grande de España, es otro punto crucial. Según López, Andalucía deja de recibir anualmente alrededor de 1.500 millones de euros por parte del gobierno central, fondos que podrían destinarse no solo a la dependencia, sino también a áreas como sanidad o educación. Esta situación coloca a Andalucía entre las cuatro comunidades más infrafinanciadas del país, creando lo que la consejera describe como «diferencias abismales» con respecto a otras regiones.
A pesar de los desafíos, el gobierno andaluz ha estado trabajando en la mejora del sistema de dependencia. López ha explicado que durante el último año se han centrado en legislar y cambiar el modelo existente para simplificarlo. El nuevo sistema busca agilizar los procesos, reduciendo las visitas y resoluciones necesarias para la valoración de la dependencia. Sin embargo, la consejera reconoce que la implantación de estos cambios requiere tiempo y que aún queda mucho camino por recorrer, especialmente si continúan las limitaciones en la financiación.
Inversiones y perspectivas de futuro en la atención a la dependencia
A pesar de las dificultades financieras, el gobierno andaluz ha anunciado una inversión significativa en centros para personas mayores y con discapacidad. Se han destinado 134 millones de euros, provenientes de fondos europeos, para la construcción y mejora de estos centros. López ha destacado que esta es la primera vez en la historia de la comunidad que se otorga dinero directamente a ayuntamientos y entidades para este fin. Esta iniciativa busca crear más de 4.000 plazas entre centros de día y residenciales, acercando los recursos a donde realmente se necesitan.
La gestión de estos fondos europeos ha requerido una reformulación estratégica. Inicialmente, los plazos de ejecución eran demasiado cortos, lo que ponía en riesgo la viabilidad de los proyectos. Gracias a la negociación conjunta de las comunidades autónomas con el gobierno central, se logró ampliar el plazo hasta junio de 2026, permitiendo una planificación más realista y efectiva de las inversiones.
De cara al futuro, López ha señalado un reto demográfico fundamental que afectará al sistema de dependencia: la inversión de la pirámide poblacional. Con una tendencia hacia menos nacimientos y una población cada vez más longeva, se hace necesario repensar el modelo actual de atención a la dependencia.
La consejera ha hecho un llamado a todas las administraciones, desde los ayuntamientos hasta el gobierno central, para que se sienten a replantear el sistema antes de que llegue a un punto de insostenibilidad. Este desafío requiere, según López, dejar de lado las diferencias políticas y centrarse en la atención a las personas, buscando soluciones innovadoras y sostenibles para el largo plazo.
