La Guardia Civil en Canarias se enfrenta a un desafío sin precedentes en su labor de protección fronteriza y seguridad ciudadana. El archipiélago canario, puerta de entrada a Europa desde África, está experimentando un aumento significativo en la llegada de migrantes por vía marítima. Esta situación, ya de por sí compleja, se ve agravada por la alerta sanitaria global provocada por la viruela del mono, una enfermedad viral que ha despertado preocupación en la comunidad internacional.
En este contexto, la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha alzado la voz para exigir medidas urgentes que garanticen la seguridad y la salud de los agentes que operan en primera línea. La confluencia de estos dos factores -el incremento de la presión migratoria y la amenaza de una nueva enfermedad infecciosa- ha puesto de manifiesto la necesidad de adaptar los protocolos y recursos a esta realidad cambiante y potencialmente peligrosa para quienes tienen la responsabilidad de salvaguardar nuestras fronteras.
La necesidad de un protocolo de actuación específico
La solicitud de JUCIL de implementar un protocolo de actuación específico no es un capricho, sino una necesidad imperiosa dadas las circunstancias actuales. Los guardias civiles se encuentran en una posición única, interactuando directamente con personas que podrían ser portadoras del virus de la viruela del mono, muchas veces en condiciones precarias y de hacinamiento propias de las embarcaciones utilizadas para la migración irregular.
Un protocolo bien diseñado no solo protegería a los agentes, sino que también contribuiría a prevenir la propagación de la enfermedad en territorio español. Este documento debería incluir pautas claras sobre cómo identificar posibles casos, qué medidas de aislamiento adoptar y cómo proceder con el traslado de personas sospechosas de estar infectadas. Además, es fundamental que se establezcan líneas de comunicación eficientes entre los cuerpos de seguridad y las autoridades sanitarias para una respuesta coordinada y efectiva.
La formación específica en el manejo de situaciones de riesgo biológico es otro aspecto crucial que debe contemplar este protocolo. Los agentes necesitan estar preparados para enfrentar este nuevo desafío con conocimiento y confianza, lo que redundará en una mejor gestión de la crisis y en la protección de la salud pública.
Equipos de protección individual y medidas de higiene
La dotación de equipos de protección individual (EPIs) adecuados es una demanda prioritaria de JUCIL, y con razón. Los guardias civiles, en su labor diaria, se exponen a riesgos que van más allá de los peligros físicos tradicionalmente asociados con su profesión. La posibilidad de contagio de enfermedades infecciosas como la viruela del mono representa una amenaza invisible pero no menos real.
Los EPIs no solo deben ser de calidad, sino que también deben estar disponibles en cantidades suficientes para todos los agentes que los necesiten. Esto incluye mascarillas de alto rendimiento, guantes, trajes de protección y gafas o pantallas faciales. Además, es fundamental que se proporcione formación sobre el uso correcto de estos equipos, ya que un EPI mal utilizado puede dar una falsa sensación de seguridad y aumentar, paradójicamente, el riesgo de contagio.
Las medidas de higiene rigurosas en instalaciones y vehículos son otro pilar fundamental en la prevención de la propagación del virus. Esto implica la implementación de protocolos de desinfección frecuente, la disponibilidad de productos de higiene de manos en todos los puntos de trabajo y la adaptación de los espacios para mantener la distancia social cuando sea posible. Estas medidas no solo protegen a los agentes, sino que también salvaguardan a los migrantes y a cualquier otra persona que entre en contacto con las instalaciones de la Guardia Civil.
Implicaciones para la seguridad pública y la salud
La solicitud de JUCIL va más allá de la protección individual de los agentes; tiene implicaciones significativas para la seguridad pública y la salud en general. Un cuerpo de seguridad bien protegido y preparado es esencial para mantener la estabilidad y el orden en una situación de crisis sanitaria y migratoria combinada.
Si los guardias civiles no cuentan con la protección adecuada, existe el riesgo de que se conviertan involuntariamente en vectores de transmisión del virus, lo que podría desencadenar brotes no solo entre sus filas, sino también en la población general. Esto podría llevar a una situación en la que la capacidad operativa de la Guardia Civil se viera seriamente comprometida, justo cuando más se necesita su presencia y efectividad.
Además, la implementación de estas medidas envía un mensaje claro a la sociedad sobre la seriedad con la que se está abordando la situación. Esto puede ayudar a generar confianza en la población y fomentar la cooperación ciudadana, aspectos cruciales en la gestión de cualquier crisis de salud pública. Por otro lado, demuestra el compromiso del Estado con la protección de quienes están en primera línea de defensa, lo cual es fundamental para mantener la moral y la dedicación de los agentes en circunstancias tan desafiantes.
La rapidez y eficacia en la implementación de estas medidas, como insta JUCIL, no es solo una cuestión de bienestar laboral, sino de responsabilidad pública. Los Ministerios de Interior y Sanidad tienen ahora la tarea de responder con celeridad a estas demandas, demostrando que la seguridad y la salud de los guardias civiles, y por extensión de toda la sociedad, son una prioridad absoluta en estos tiempos de incertidumbre y cambio constante.
