La política española se encuentra en un momento crítico, donde los pactos entre partidos y las tensiones territoriales están redefiniendo el panorama nacional. En las últimas décadas, hemos sido testigos de cómo los principales partidos políticos, tanto el Partido Popular (PP) como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), han llegado a acuerdos con formaciones separatistas para asegurar la gobernabilidad. Esta práctica, lejos de ser anecdótica, se ha convertido en un patrón recurrente que está moldeando la distribución del poder y los recursos en el país.
El debate sobre la integridad territorial y la lealtad al Estado se ha intensificado, especialmente a raíz de los acontecimientos en Cataluña y las negociaciones para formar gobierno a nivel nacional. La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro de la unidad española y el equilibrio entre las diferentes comunidades autónomas. Además, se cuestiona si estas alianzas políticas están beneficiando realmente a la mayoría de los ciudadanos o si, por el contrario, están generando desigualdades y privilegios para ciertos territorios en detrimento de otros.
El precio de la gobernabilidad: pactos con separatistas
La formación de gobiernos en España ha estado marcada en los últimos años por la necesidad de pactar con partidos nacionalistas y separatistas. Esta realidad ha sido criticada duramente por formaciones como Vox, que ven en estas alianzas una amenaza para la unidad nacional. Javier Ortega Smith, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, ha señalado que tanto PP como PSOE han «cedido competencias nacionales» durante décadas para asegurar su permanencia en el poder.
Esta práctica política no solo ha permitido la formación de gobiernos, sino que también ha tenido consecuencias en la distribución de recursos públicos. Según los críticos, se ha creado un sistema en el que la deslealtad al Estado se ve recompensada con mayores asignaciones presupuestarias. Este fenómeno ha generado un sentimiento de agravio comparativo entre las diferentes regiones de España.
El caso de Cataluña es particularmente emblemático en este contexto. Los indultos a los líderes del proceso independentista y las negociaciones para una posible amnistía han sido interpretados por algunos sectores como una rendición del Estado frente a las demandas separatistas. Estos movimientos políticos han alimentado el debate sobre la igualdad entre territorios y el respeto al marco constitucional.
La desigualdad territorial como consecuencia de los pactos políticos
Una de las consecuencias más visibles de los pactos con formaciones separatistas ha sido la percepción de una creciente desigualdad territorial. Los acuerdos para investiduras o aprobación de presupuestos a menudo implican concesiones económicas o competenciales que benefician a determinadas comunidades autónomas. Este hecho ha llevado a que se hable de una España de «dos velocidades«, donde algunas regiones parecen avanzar más rápido que otras en términos de desarrollo y recursos.
La situación ha generado malestar en aquellas comunidades que se sienten perjudicadas por estos acuerdos. Se argumenta que el sistema actual premia la deslealtad y la confrontación con el Estado, mientras que aquellas regiones que mantienen una postura más colaborativa no reciben los mismos beneficios. Este desequilibrio no solo afecta a la distribución de recursos económicos, sino que también tiene implicaciones en la cohesión social y el sentimiento de pertenencia a un proyecto común de nación.
El debate sobre la financiación autonómica se ha visto especialmente afectado por esta dinámica. Las negociaciones para un nuevo modelo de financiación se han complicado debido a las exigencias de las comunidades históricamente más reivindicativas, lo que dificulta alcanzar un consenso que satisfaga a todas las partes implicadas. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de encontrar un equilibrio entre las demandas territoriales y la equidad en el reparto de recursos.
El impacto en la sociedad y el futuro de la convivencia
La polarización política y territorial que se vive en España tiene un impacto directo en la sociedad. El discurso de «premiar la deslealtad» ha calado en una parte significativa de la población, generando frustración y desconfianza hacia las instituciones. Este sentimiento se extiende no solo entre los ciudadanos de las comunidades que se sienten perjudicadas, sino también entre aquellos que ven cómo se cuestionan los valores fundamentales del Estado de derecho.
La percepción de que «el que da golpes de Estado» o «desprecia las sentencias de los tribunales» sale beneficiado ha erosionado la confianza en el sistema judicial y en las fuerzas de seguridad. Esta situación plantea serios desafíos para la convivencia democrática y la cohesión social a largo plazo. Es necesario un debate profundo sobre cómo reconciliar las diferentes sensibilidades territoriales sin comprometer los principios básicos del Estado de derecho.
El futuro de la convivencia en España dependerá en gran medida de la capacidad de los líderes políticos para encontrar soluciones que satisfagan las demandas territoriales sin crear agravios comparativos. Es fundamental desarrollar un proyecto de país inclusivo que permita a todas las regiones sentirse parte integral del mismo, independientemente de su identidad histórica o cultural. Solo así se podrá superar la actual crisis de confianza y construir un futuro basado en la solidaridad y el respeto mutuo entre todos los territorios y ciudadanos de España.
