Junts reta al Tribunal Supremo y al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la segunda fuga de Carles Puigdemont, la primera con orden de detención, tras su paso por Cataluña sin ser detectado ni por los Mossos ni por los agentes de la Guardia Civil ni Policía Nacional en frontera. Los irredentos independentistas tratan de mantener vivo el ‘procés’ secesionista, un movimiento que el PSOE y el PSC, como parte de sus socios, dan «por muerto», a pesar de la activa confrontación y polarización existente.
Desde el PPC y Vox, consideran que ni los Mossos hicieron nada para detener al prófugo expresidente de la Generalitat, como si la fuga hubiera sido pactada entre todos los que necesitan los siete votos de los de Puigdemont para mantener La Moncloa con garantías.
Diputados del Congreso, Senado y Parlament, como Eduard Pujol, Joan Bagué, Teresa Pallarès y Francesc Ten i Costa, Jeannine Abella i Chica, Albert Batet i Canadell, Jordi Bertran i Luengo, Joaquim Calatayud Casals, Joan Canadell i Bruguera, Toni Castellà i Clavé, Francesc de Dalmases i Thió, Agustí Colomines i Companys, Ennatu Domingo i Soler, Anna Erra i Solà, Glòria Freixa i Vilardell, Mercè Esteve, Anna Feliu Moragues, Jordi Fàbrega i Sabaté, Jaume Giró i Ribas, Anna Navarro i Descals, Rosa Jové i Montañola, Sònia Martínez i Juli, Jordi Munell i Garcia, Irene Negre i Estorach, Noemí Nieto i Fumanal, Montse Ortiz i Martí, Isaac Padrós i Suarez, M. Àngels Planas i Crous, Ignasi Prat i Sarri, Carme Renedo i Puig, Josep Rius i Alcaraz, Josep Rull i Andreu, David Saldoni, Mònica Sales de la Cruz, Maite Selva i Huertas, Judith Toronjo i Nofuentes y Salvador Vergés i Tejero, entre otros, hacen constar su defensa de los tres agentes de los Mossos d’Esquadra detenidos durante la fuga de Puigdemont.
LA AUTOINCULPACIÓN, UNA ENCERRONA PARA EL PSOE Y ERC
Los tres agentes de los Mossos d’Esquadra detenidos y acusados de encubrimiento en la fuga de Carles Puigdemont están en libertad, pero dos de ellos han sido castigados de forma preventiva con una suspensión de empleo y sueldo, una medida adoptada por el consejero de Interior saliente Joan Ignasi Elena y por los mandos de los Mossos, responsables del fracaso de la fuga de Puigdemont por una actuación polémica que ha dejado por los suelos la credibilidad del cuerpo autonómico. De hecho, se han estropeado las relaciones con otras policías internacionales.
Tanto Joan Ignasi Elena, como los dos mandos más altos de los Mossos, así como el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, tienen aún que esperar la respuesta del Supremo tras haber enviado sus respectivos informes sobre el dispositivo desplegado para la fuga de Carles Puigdemont. Interior ha admitido que no desplegó un operativo preventivo, sino que lo hizo una vez fugado Puigdemont, mientras que responsabiliza a los Mossos d’Esquadra de toda la ‘operación Jaula’.
Todos ellos se ponen a disposición del Supremo ante las «actuaciones indiscriminadas y arbitrarias» de los Mossos d’Esquadra «en contra» de diversos «ciudadanos» por el «simple hecho de haber acompañado a Carles Puigdemont en el acto celebrado el pasado 8 de agosto en la zona del Arco del Triunfo de Barcelona».
JUNTS Y SU DEFENSA A LOS TRES MOSSOS DETENIDOS
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Ambos tribunales tendrían que pedir un suplicatorio a las tres Cámaras, con un Senado controlado por el Partido Popular que no tendría problema para aceptarlo, mientras que en el Congreso y en el Parlament habría una seria confrontación entre el PSOE, ERC y el PSC si los plenos decidieran aceptar la autoinculpación y por tanto su posible imputación por un delito de encubrimiento y dejación de funciones, como marca el artículo 412 del Código Penal.
«El funcionario público que, requerido por autoridad competente, no prestare el auxilio debido para la Administración de Justicia u otro servicio público, incurrirá en las penas de multa de tres a doce meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años», reza la normativa vigente. Ninguno de los altos cargos de Junts ni tampoco electos ayudaron a la captura de Puigdemont, rodeado en un principio por más de 600 agentes de los Mossos d’Esquadra.
LA TENSA MANIOBRA DE JUNTS CONTRA EL PSOE Y ERC
Con esta maniobra, Junts tensa aún más las cuerdas contra el PSOE y ERC, retorciendo la situación para mostrar que el ‘procés’ no ha muerto.
La estrategia para levantar los ánimos en el independentismo está liderada por el Consell de la República, creado y presidido por el propio Puigdemont desde Waterloo. A juicio de todos los cargos electos, ninguno de los hechos descritos «son constitutivos de delito», mientras vuelven a señalar a los tribunales por mantener la orden de detención nacional por la imputación de un delito de malversación contra Carles Puigdemont, quien habría obtenido un beneficio personal al sufragar los gastos del ‘procés’ con dinero público y no con su propio bolsillo.
Este ‘ahorro’ supone una mejora de su patrimonio y como tal, la ley de amnistía fue objeto de una cuestión de inconstitucionalidad. Este problema de redactado de la ley deja al Gobierno de Pedro Sánchez a merced no solo del Tribunal Constitucional, controlado por Cándido Conde-Pumpido, y sus progresistas, sino también a una cuestión prejudicial ante el TJUE si el Constitucional no le diera la razón al Supremo.
