La celebración del llamado ‘Día del Inútil’ (Inutilaren Eguna) en la localidad navarra de Etxarri ha desatado una nueva controversia en el panorama político español. Este evento, que ha sido duramente criticado por el partido Vox, ha puesto de manifiesto las tensiones existentes entre ciertos sectores de la sociedad vasca y navarra y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La manifestación, en la que supuestamente participaron simpatizantes de la izquierda abertzale, incluyó un desfile donde los participantes se disfrazaron de policías, en lo que se ha interpretado como una provocación directa contra la presencia de las fuerzas de seguridad en la región.
Este incidente no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un contexto más amplio de acciones que, según denuncian algunos partidos políticos, buscan deslegitimar y hostilizar a las instituciones del Estado en el País Vasco y Navarra. La situación ha reavivado el debate sobre la necesidad de una respuesta firme por parte de las autoridades para garantizar el respeto a las fuerzas del orden y la unidad nacional. Además, ha puesto sobre la mesa la discusión acerca de los límites de la libertad de expresión y la convivencia pacífica en regiones con una historia marcada por el conflicto y la violencia terrorista.
La respuesta política y social ante los actos de provocación
La reacción de Vox ante estos acontecimientos ha sido contundente. El partido liderado por Santiago Abascal ha emitido un comunicado a través de su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, en el que condena enérgicamente cualquier forma de enaltecimiento del terrorismo o persecución y acoso a la Policía Nacional, la Guardia Civil o las Fuerzas Armadas. Esta postura refleja la preocupación de ciertos sectores políticos por lo que consideran una amenaza a la integridad del Estado y un desafío a los valores democráticos.
El caso de Etxarri no es el único que ha generado inquietud. Vox también ha mencionado un incidente ocurrido en Oñate (Guipúzcoa), donde un niño simuló disparar con una escopeta de juguete a una persona disfrazada de guardia civil. Estos hechos se suman a una larga lista de actos hostiles que, según el partido, incluyen los polémicos ‘ongi etorri’, homenajes de bienvenida a presos relacionados con la banda terrorista ETA, que han sido objeto de críticas por parte de diversas organizaciones y partidos políticos.
La preocupación por estos eventos trasciende las fronteras partidistas y ha llevado a un debate más amplio sobre la necesidad de una respuesta institucional coordinada. Muchos consideran que es fundamental la implicación de todos los poderes del Estado y de la sociedad en su conjunto para lograr la erradicación de cualquier vestigio de apoyo al terrorismo y para deslegitimar ética, social y políticamente a quienes promueven, apoyan o dan cobertura a estas actividades.
El impacto en la convivencia y la seguridad en las comunidades afectadas
Los incidentes como el ‘Día del Inútil’ y otros actos similares tienen un impacto significativo en la convivencia y la percepción de seguridad en comunidades como el País Vasco y Navarra. Por un lado, generan tensión social y pueden reavivar heridas del pasado que aún no han cicatrizado completamente. Por otro, plantean un desafío para las autoridades locales y nacionales, que deben equilibrar el respeto a la libertad de expresión con la necesidad de mantener el orden público y proteger a las fuerzas de seguridad.
La presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en estas regiones sigue siendo un tema sensible y complejo. Mientras que para algunos representan una garantía de seguridad y un símbolo de la unidad nacional, para otros son percibidos como una fuerza de ocupación. Esta dicotomía se refleja en manifestaciones como la de Etxarri, que buscan, según sus críticos, expulsar simbólicamente a estas fuerzas de seguridad del territorio.
El compromiso de partidos como Vox con la defensa de la unidad de España y el apoyo a los cuerpos policiales y militares en estas comunidades refleja una postura que busca reafirmar la presencia del Estado en todos los rincones del país. Sin embargo, esta posición también puede ser vista como una fuente de conflicto por aquellos sectores de la sociedad que abogan por una mayor autonomía o incluso la independencia. El desafío para el futuro será encontrar un equilibrio que permita la convivencia pacífica y el respeto mutuo entre todas las partes implicadas, sin renunciar a los principios fundamentales del Estado de Derecho y la democracia.
