Félix Bolaños la pifió en su nuevo ataque al juez Pablo Llarena, que mantiene la orden de detención nacional contra Carles Puigdemont tras su fuga delante de 600 agentes de los Mossos d’Esquadra y la inacción del Ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El ‘superministro’ de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes se mostró tranquilo junto a Óscar Puente, ministro de Transporte, por los argumentos jurídicos para conceder la amnistía al prófugo expresidente de la Generalitat. «Son muy potentes», afirmó.
«Mostramos nuestra discrepancia con los argumentos jurídicos y con las valoraciones políticas que hacía el Tribunal Supremo. Ahora lo que tenemos que estar es a esperar que la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo se pronuncie y acoja los argumentos jurídicos muy potentes para la aplicación de (…) la ley de amnistía», ha asegurado. No obstante, el ministro de Justicia debería conocer que el Tribunal Supremo no tiene una Sala de Apelaciones, ni está ni se le espera, dado que esa competencia solo existe en la Audiencia Nacional.
BOLAÑOS Y UN ERROR DE PRIMERO DE DERECHO
La pifia de Bolaños, tan ducho en temas jurídicos, ha sido foco del hazmerreír en corrillos de juristas y abogados, más cuando se trata de un tema tan serio como es un nuevo ataque al Ejecutivo. «!– /wp:paragraph –>
Félix Bolaños insiste en hacer pinza con Junts para continuar con el relato del ‘lawfare’ desde las instancias judiciales más elevadas. El Supremo no ha dictaminado sentencia sobre la amnistía, sino que ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad contra una norma cuyo único objetivo es conseguir los siete votos de Junts para poder investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. De hecho, el propio Ejecutivo socialista aseguró tres días antes de las elecciones generales que la amnistía no solo era inconstitucional, sino que no tenía cabida en el ordenamiento jurídico español. Ya se conoce qué vino después con esos «cambios de opinión».
BOLAÑOS SE OLVIDA DE SOCIEDAT CIVIL CATALANA
Según afirma Bolaños, «todas las partes» que están personadas, incluyendo la «Abogacía del Estado y la Fiscalía» comparten sus argumentos jurídicos, olvidándose de las acusaciones contra Carles Puigdemont, como Vox, Dignidad y Justicia, Sociedad Civil Catalana, que no solo no comparten el criterio del Gobierno sino que se han querellado contra Puigdemont y otro diputado de ERC.
Asimismo, por la fuga de Puigdemont hay otras dos querellas adicionales, de Vox y Hazte Oír, contra la cúpula de los Mossos y contra el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Para Bolaños, la entidad más grande del constitucionalismo catalán no merece mención alguna, a pesar de ser en su día comandada por afines al PSC.
La propia ley de amnistía exceptuaba el delito de malversación en caso de un enriquecimiento personal, pero el Supremo considera que no se puede amnistiar dicho delito dado que iría contra la persecución de la corrupción y contra el ordenamiento jurídico europeo. Para tratar de suavizar su ataque directo al juez Llarena, Bolaños afirma que contra las resoluciones judiciales solo cabe presentar recursos
PUENTE ACUSA AL SUPREMO DE EXTRALIMITARSE
Estas declaraciones desde el Ejecutivo del PSOE de Pedro Sánchez se suceden tras el furibundo ataque de Puente contra el juez Llarena, al que acusó de «extralimitarse» a la hora de interpretar la amnistía. Y es que, para el Supremo hubo malversación porque los líderes del ‘procés’ usaron dinero público en vez del suyo para sufragar los gastos para montar la plataforma Tsunami Democràtic, la campaña independentista, las papeletas y las urnas, lo que supuso un beneficio para su patrimonio particular.
Para el Gobierno, el Constitucional acabará enmendando la decisión del Supremo, que considera «mala» la redacción de la ley de amnistía, tal y como ocurrió con la ley del sí solo es sí, que benefició a 1.200 violadores y maltratadores.
